Giulliana Loza solicitó aclaración de las restricciones para Keiko Fujimori
La defensa de Keiko Fujimori pidió al Poder Judicial precisar las condiciones que debe cumplir la investigada al salir en libertad.
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La Segunda Sala de Apelaciones que ordenó la liberación de Keiko Fujimori en el caso Odebrecht, ya ha recibido esta mañana el pedido de su defensa para aclarar las restricciones que debe cumplir hasta junio del 2021.
Según explicó la abogada Giulliana Loza a esta publicación, el requerimiento fue enviado por la mañana al tribunal integrado por los jueces superiores Rómulo Carcausto, Sonia Torre y Edgar Medina.
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“Esperemos que el tiempo de respuesta de la Sala sea pronto”, explicó, pues el 30 de abril último el Poder Judicial revocó la prisión preventiva que tenía vigente Keiko Fujimori por 15 meses desde enero del 2020.
A cambio de su liberación, se le impusieron limitaciones como el pago se los S/70.000 al Estado, la incomunicación como testigos del caso, no variar su domicilio, acudir al juzgado cada 30 días para consignar su asistencia biométrica, entre otros.
La imposibilidad de comunicarse con testigos o coinvestigados comprendía, desde luego, a su esposo Mark Vito, por lo que Giulliana Loza anunció desde el domingo que hoy presentaría la aclaración. Entretanto, confirmó también que respetaran la resolución del Poder Judicial y que Keiko Fujimori, por esta razón, no tendrá contacto con ella como abogada y otros involucrados del caso Cócteles.
Posturas contrarias
Desde la publicación de la orden judicial que excarcela a Keiko Fujimori, el Equipo Especial Lava Jato anunció también que se opondría a la decisión con dos casaciones: una para revertir la audiencia de apelación (presentada fuera de plazo) y otra contra el propio mandato de liberación.
"El fiscal José Domingo Pérez ha sustentado y argumentado con solidez", manifestó Vela. Foto: John Reyes/La República.
Para la Fiscalía, existió una falta de imparcialidad en la Sala, pues dos de los tres jueces admitieron a trámite una apelación extemporánea, asimismo, convocaron audiencia sin presencia del Ministerio Público, que hace unos días anunció que no iría a la audiencia ni participaría por videoconferencia por los peligros del COVID-19.
Cabe precisar que en la decisión judicial se admite que existe el peligro de obstaculizar las indagaciones, pero que ello se puede controlar con limitaciones propias de la comparecencia restringida. También alude al lapso que transcurrió en la investigación y que no se haya logrado aún el juicio oral contra Keiko Fujimori.
