ONU: Ley de protección policial abre espacios de impunidad
La oficina de la ONU para los derechos humanos en América del Sur sostuvo que el gobierno peruano debe revisar la nueva ley de protección policial.
La oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en América del Sur alertó que el gobierno peruano debe revisar la nueva ley de protección policial, promulgada el 28 de marzo, ya que abre espacios para la impunidad.
“De acuerdo a los instrumentos internacionales de DDHH suscritos por Perú, el Estado debe investigar todas las denuncias de violación del uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley”, señala el comunicado de la organización internacional.
Jan Jarab, representante en la región de ONU Derechos Humanos, sostiene que la ley 31012 contiene disposiciones que no se alinean con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, los que deben regir toda actuación de las fuerzas de orden y seguridad.
“Hacemos un llamado urgente al Congreso del Perú y todas las autoridades competentes a revisar y revertir los efectos de esta nueva norma", agregó.
El organismo mostró su preocupación porque a través de esta ley se deroga el principio de proporcionalidad.
Ello impide que los funcionarios policiales actúen de forma excesiva o arbitraria; como también que se siga legitimando su exención de responsabilidad penal si hacen uso de la fuerza.
Sobre la prohibición de dictar mandatos de detención preliminar judicial u ordenar prisión preventiva para policías investigados por delitos, Jarab explicó que “la adopción de una medida cautelar debe ser resuelta exclusivamente por un juez, con base en los antecedentes de la causa y audiencias de las partes”.
El representante de ONU Derechos Humanos se mostró preocupado pues la norma entra en vigor mientras el país ha decretado medidas de emergencia, incluyendo el despliegue de personal policial y militar para contener el coronavirus.
“En el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente al COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad”, explicó.
Por último, recalcó que como Oficina del Alto Comisionado en América del Sur siguen a disposición para apoyar en la armonización de las leyes con el derecho internacional de los derechos humanos, así como para compartir las mejores prácticas de los Estados en materia de uso de la fuerza.
Instó a las autoridades nacionales a volcar sus esfuerzos a dotar de capacidades adecuadas a las fuerzas policiales, a invertir en su profesionalización y en la mejora de sus condiciones laborales.
