Política

Ejecutivo reorganiza el Instituto del Mar el Perú y fortalece sus capacidades científicas

El presidente y los directores serán seleccionados y elegidos mediante concurso público. Ya no será un exclusivamente un marino en retiro el que estará al frente del organismo. Medida se adopta poco después de la suspensión de la segunda temporada de anchoveta, debido a probable error en la medición de la biomasa.

El Poder Ejecutivo resolvió la reestructuración y modernización del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) mediante un Decreto de Urgencia 015-2020 que en el plazo de un mes dispone la designación de nuevas autoridades que serán seleccionadas mediante concurso público.

El Decreto Legislativo Nº 95 que establecía que el presidente del Consejo Directivo de IMARPE estaría a cargo de un almirante en retiro, conforme la nueva disposición ahora será autoridad profesional especializada en la materia y será escogida mediante un proceso público dirigido por la Autoridad Nacional de Servicio (Servir).

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El objetivo del Decreto de Urgencia 015-2020 tiene como propósito “mejorar y fortalecer el rol y la gestión del Instituto del Mar del Perú (...), mediante el ajuste de la conformación de su Consejo Directivo, la regulación de la estructura orgánica básica y otras disposiciones”, indica la norma.

En esa línea, el Decreto de Urgencia precisa que ahora el Consejo Directivo de Imarpe estará compuesta por el presidente ejecutivo, un representante de la universidad peruana, otro representante de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, dos científicos o profesionales relacionados con las actividades de IMARPE, un representante del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) y un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

Los científicos que serán parte del Consejo Directivo también serán seleccionados por concurso público.

Los alcances

El Decreto de Urgencia 015-2020 se publica 9 días después que el Ministerio de la Producción (Produce) suspendió definitivamente la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro, debido a que los pescadores no encontraron la biomasa de más de 8 millones de toneladas que había previsto IMARPE.

IMARPE señaló como cuota para la segunda temporada 2.7 toneladas de anchoveta, pero los pescadores encontraron solo el 40%.Poco después que el 16 de noviembre Produce autorizó el inicio de la segunda temporada, surgieron las protestas de diferentes organizaciones de trabajadores del mar, especialmente del Sindicato de Pescadores de Chimbote, que alertaban de que en sus redes había hasta un 90% de anchoveta juvenil o “peladilla”, superando largamente los límites permisibles señalados por las autoridades. La tolerancia es de 10%.

Mediante videos captados por los pescadores en plena faena en altamar, estos advirtieron de una probable depredación de la especie si es que no se detenía la segunda temporada de anchoveta.

Todo indicaba que había una notoria discrepancia entre la biomasa que había reportado IMARPE con lo que las empresas pesqueras encontraban en la zona del Norte-Centro, por lo que recién a fines de diciembre el organismo recomendó una suspensión temporal de 10 días solo entre Trujillo y Nasca.

Superado el plazo, y ante la persistencia de la gran cantidad de juveniles de anchoveta, la ministra del Produce, Rocío Barrios, dispone que las autoridades correspondientes adopten las medidas necesarias para determinar por qué los pescadores, mediante comunicaciones públicas e información que llegaba a su despacho, continuaban manifestando su preocupación por un peligro de depredación de la anchoveta.

Finalmente, la titular de Produce dispuso la salida de una investigación científica, que IMARPE cumplió con tres embarcaciones entre el 4 y 12 de enero de este año. Los nuevos estudios concluyeron que había hasta un 97% de juveniles de anchoveta y recomendaron dar por concluida la segunda temporada. Los pescadores estaban en lo cierto.

El trasfondo

Estos hechos impulsaron al despacho de la ministra Barrios llevar adelante una reforma que estaba pendiente del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), para reestructurar y modernizar su organización y fortalecer sus capacidades científicas y mejorar sus servicios como regulador de uno de los sectores más importantes de la economía nacional.

El Decreto de Urgencia 015-2020 precisamente señala un plazo de 30 días hábiles para la aprobación de un nuevo reglamento de organización y funciones de IMARPE.

Sin embargo, sectores de la industria de la pesca, sin conocimiento del contenido del Decreto de Urgencia, lanzaron un comunicado en el que deslizaban que el Ejecutivo pretendía desmontar las capacidad científica de IMARPE cuando la norma por el contrario fortalece la presencia de expertos en la materia y asegurar la selección de los mismos mediante concurso público.

Para los gremios como la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales privadas (CONFIEP), la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX Perú) y la Asociación de Exportadores (ADEX), lo que perseguiría el Ejecutivo es desaparecer la presencia de la Marina en IMARPE. Es una afirmación que no se ajusta a la realidad.

Las reacciones

Para las organizaciones mencionadas, la ausencia de un almirante como presidente ejecutivo de IMARPE, “pondría en riesgo la independencia y autonomía que caracteriza al ente científico, lo cual debilitaría a la institución, quedando sujeta a presiones políticas y privadas”.

Más bien el Decreto de Urgencia asegura mediante la selección por concurso público la designación del nuevo presidente que deberá cumplir con exigentes requisitos científicos, sea de origen civil o militar.

En algunos medios de comunicación también se difundieron spots de supuestas organizaciones de pescadores en defensa de la autonomía de IMARPE, con información errónea sobre los objetivos del Decreto de Urgencia 015-2020.

También ha circulado la versión de que el decreto se basa en un proyecto de ley presentado por el excongresista Roberto Vieira Portugal, en la actualidad investigado por supuesto tráfico de influencias. La norma de Produce no tiene ninguna relación con la iniciativa del exlegislador.

Simultáneamente, en IMARPE se aplica una auditoría para establecer eventuales responsabilidades por el incidente de la segunda temporada de pesca de anchoveta, en la que se definió una biomasa con una cifra al parecer artificialmente elevada, poniendo en situación de riesgo a la especie.

Más información este viernes 24 de enero en la edición impresa de LA REPÚBLICA.

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