Gobierno aprista no debió utilizar fondos públicos en Tren Eléctrico
Lava Jato. Consejo de Ministros del 19 de febrero del 2009 acordó que Metro de Lima sería con dinero privado, pero seis días después Alan García y sus exministros suscribieron DU 032 que autorizó uso de recursos del Estado. Juan Pari califica esto de ilegal.
La historia de cómo se gestó la obra del Tren Eléctrico todavía es una caja de Pandora. Durante el segundo gobierno aprista, la modalidad de financiamiento de este proyecto, construido por Odebrecht, iba a ser con fondos privados, pero al final se solventó con dinero público.
El 19 de febrero del 2009, el expresidente Alan García, el exministro de Transportes Enrique Cornejo y el exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata viajaron al Cusco a inaugurar un tramo de la vía Interoceánica Sur. Ese mismo día, habiendo retornado a Lima, el exmandatario convocó a Consejo de Ministros a las ocho de la noche.
La sesión duró una hora y se abordó exclusivamente un tema: trabajar un proyecto de decreto de urgencia para el proyecto del Metro de Lima. De acuerdo con el acta de dicho consejo, el gabinete ministerial aprobó que la construcción del Tren Eléctrico iba a ser con fondos privados. “(…) El referido proyecto permitirá mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con recursos privados, lo cual no sólo permite que el Estado no utilice recursos”, concluyó la resolución.
Sin embargo, el 28 de febrero, el gobierno aprista emitió el Decreto de Urgencia 032, contrario a ese acuerdo. El dictamen estaba firmado por García Pérez, el entonces premier Yehude Simon y los ministros Enrique Cornejo, de Transportes; y Luis Carranza, de Economía.
“Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas para que asigne al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los montos que se requieren para la implementación de lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia”, sostiene el artículo 3 del DU 032.
Según el expresidente de la Comisión Lava Jato Juan Pari, eso facilitó el uso desmedido de presupuesto público para la ejecución del Metro de Lima.
Cuando la fujimorista Rosa Bartra lideró la Comisión Lava Jato, el informe final de su grupo de trabajo argumentó que ese cambio de modalidad –de privado a público– se basó en el oficio N° 046–2009–MTC/20.5, presentado cuatro días antes de la emisión del DU 032. El expediente elaborado por Magdalena Bravo Hinostroza, quien era gerente de la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional, “sirvió de sustento” para el decreto que estipuló que se usaran fondos del Estado en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. En diciembre de ese año, la gestión aprista celebró el contrato con el Consorcio Tren Eléctrico de Lima, conformado por Odebrecht y Graña y Montero.
Independientemente del informe de Provías, para Pari existe una premisa contundente: los decretos de urgencia no pueden contradecir lo pactado por un gabinete. “Eso es ilegal. Ante todo, un DU tiene que estar avalado por una sesión del Consejo de Ministros. Ahí hubo un juego de pared clarísimo”, expresó.
La República buscó contactar a los ministros que suscribieron el DU, pero solo respondió Yehude Simon: “Recuerdo no haber participado en esa reunión. La decisión de dotar fondos fue un acuerdo del MEF y el MTC”. Se le consultó si supo sobre lo acordado en el gabinete y alegó que tuvo que confiar en los ministros Cornejo y Carranza. El expremier Pedro Cateriano cuestionó que un ex primer ministro no se informe sobre los acuerdos de los ministros antes de firmar resoluciones.
“Los decretos de urgencia, antes de ser dictados por el presidente, requieren la opinión previa de los sectores involucrados”, enfatizó.
Sobrecostos en Tramo 1 y 2 de Tren Eléctrico
El Equipo Especial Lava Jato investiga a los exfuncionarios involucrados en la concesión del Metro de Lima a Odebrecht. La constructora habría pagado en sobornos hasta US$ 24 millones. El costo del Tramo 1 iba ser de US$ 410 millones, pero terminó con un valor de US$ 519 millones. Mientras que el Tramo 2, inicialmente tuvo un presupuesto público de US$ 583 millones a la cifra de US$ 900 millones.
Exministros que firmaron DU
Acta del Consejo de Ministros del 19 de febrero se contradice con el DU emitido nueve días después.
- Yehude Simon, ex primer ministro
- Enrique Cornejo, exministro de Transportes
- Luis Carranza, exministro de Economía
acta
Gobierno aprista no debió utilizar fondos públicos en Tren Eléctrico
