¿Y cuándo acusan los señores?

Cada vez es más extendido, plural y justificado el cuestionamiento a los fiscales anticorrupción porque, casi cinco años después de iniciados los procesos lava jato, aún no hay nadie condenado porque nadie ha sido acusado, lo cual va acompañado de prisiones preventivas, constituyendo un problema que ensombrece a la justicia.

Los cinco años de prisión preventiva de Martín Belaunde sin ser acusado es un escándalo que no es la única expresión de un problema que se debe abordar otra vez en esta columna, como se ha hecho desde hace ya buen tiempo, sin ponerle nombre propio.

Esto no implica dejar de reconocer el papel valioso que han cumplido –y siguen cumpliendo– los fiscales a favor de la lucha anticorrupción, enfrentándose a un fenómeno poderoso por sus ramificaciones políticas y económicas, sino que el respaldo que requieren no puede ser entendido como cheque en blanco para eludir las críticas, a través de vías amigas, atribuyendo al crítico la condición de fujiaprista o de corrupto.

César Azabache señaló la semana pasada: “Prisión preventiva. Necesitamos una reforma que permita a la fiscalía sostener un pedido para los casos en que tiene prueba completa del hecho, pero con un límite: la justicia debe fijar en esos casos un plazo concluyente, improrrogable, para que se presente acusación”.

A su vez, Enrique Ghersi observó ayer el problema comentando que “le hace un flaco favor a la justicia esta perpetua prisión preventiva a la que se quiere someter a la gente sin que tengamos hasta ahora juicio oral”.

Y Luis Pásara se refirió al “gran espectáculo de los fiscales”, que “obtienen largas prisiones preventivas, [pero] no acusan para condenar a culpables”, identificando la estrategia del MP, con una vinculación al uso de medios que debiera preocupar al oficio.

Los casos anticorrupción no se deben analizar por ideología o color político, sino con la exigencia de que se realicen con todo rigor apegados estrictamente a principios, en los procesos y en las conclusiones, por lo que la crítica a la actuación de fiscales y jueces, más allá de la obviamente interesada con fines subalternos, no debe ser entendida como herejía sino como contribución a que realmente se haga justicia.