Francis Gutiérrez: “El Reglamento del Congreso tergiversa la inmunidad parlamentaria”

¿Por qué postulas al Congreso?

Decidí postular porque soy una joven que, como muchos, está cansada de ver cómo la política se ha desgastado. La política es servicio, y los políticos son servidores. Sin embargo, no hemos visto eso. Por eso es que yo he decidido intentar poner mi grano de arena desde el Congreso, si es que así lo decide la ciudadanía, para poder cambiar el rostro de la política y limpiarlo.

Hemos visto cómo el país está enquistado con corrupción en todos los órganos, en todos los poderes del Estado. Y es ahí [en el Congreso] en donde tenemos que atacar en primer lugar.

¿Podrías explicarle a los electores cómo renuevas la política?

Yo creo que los jóvenes, sobre todo a los que no nos gusta lo que pasa al frente, tenemos que salir, involucrarnos, ya no solamente limitarnos a quejarnos, a decepcionarnos o a salir a las calles, sino también a involucrarnos en la vida política. ¿Cómo? Como lo podamos hacer cada uno de nosotros. Con nuestros conocimientos, con nuestras capacidades. No puede ser que el órgano de representación del pueblo sea el más desacreditado, en el que la población cree que hay más corrupción.

Digamos que el elector quiere acciones concretas, específicas. Algo que no se quede en el discurso para llegar al Congreso. ¿Qué se debe hacer para renovar la política, para que cambie la percepción que la gente tiene de ella?

En primer lugar, la agenda anticorrupción tiene que ser prioritaria, e implica coger las propuestas de las reformas política y judicial, analizarlas y modificarlas si fuera necesario. Eso implica, por ejemplo, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la modificación de la elección de la Junta Nacional de la Justicia, la modificación de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, terminar la prohibición para que los condenados por delitos dolosos no puedan postular a cargos públicos. La transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, la fiscalización en todas las ejecuciones del Gobierno y de todos los organismos.

Mencionas la reforma judicial y la reforma política. Entre las dos son varios proyectos. Algunos incluso no llegaron al Congreso porque el Ejecutivo optó por presentar un número menor de iniciativas. Pero en menos de dos años de representación, ¿alcanzará el tiempo para tocar esos temas? ¿Qué se debe priorizar, en todo caso?

Aun cuando es un periodo corto, lo positivo es que hay propuestas ya elaboradas. La Comisión de Alto Nivel [para la Reforma Política] nos dejó un estudio amplio que es una base muy importante. No vamos a empezar de cero. No podemos expandirnos, hacer un debate largo, porque ya todos conocemos el tema, conocemos las necesidades. [Revisar] la inmunidad parlamentaria es vital porque, justamente, el Congreso, para tener representatividad, para realmente ejercer esa función, tiene que volver a obtener la confianza, y una de ellas es dejar de lado la impunidad que hemos visto. Es importantísimo.

Inmunidad parlamentaria

¿Acción Popular no quiere más inmunidad parlamentaria?

La mayoría de los candidatos están de acuerdo con la eliminación, al menos para todos los delitos anteriores al ejercicio de la función, que es una postura personal también. La controversia va a estar en los delitos durante el ejercicio de su función. Ahí tenemos posturas variadas.

¿Y cuál es la postura de la candidata Francis Gutiérrez en ese aspecto?

Que la inmunidad debe mantenerse en lo único que quiso defenderse desde el inicio: el derecho del congresista a expresar su opinión y a votar como crea conveniente. Esos son dos derechos que debe mantener el congresista, porque si no, no puede ejercer una correcta representatividad.

¿Y el levantamiento de la inmunidad?

No la podemos dejar en el mismo Congreso, aun cuando sea para la protección de sus derechos, porque es juez y parte y podría generar otro tipo de actos irregulares. La propuesta del Ejecutivo de tercerizarla a la Corte Suprema, a mí me parece muy válida.

¿Hay respaldo en Acción Popular hacia esa postura?

Espero que como bancada podamos acoger esta postura. Pero, en todo caso, como parte inicial, creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo. Con esta parte [delitos en función] es en la que aún existen controversias. Algunos quieren eliminarla totalmente; algunos quieren mantenerla con restricciones, como yo; y hay otros que todavía quieren mantenerla como está. Pero la mayoría estamos a favor de la eliminación por la mala utilización que se le ha dado, porque lo necesitamos para volver a obtener la confianza en el Congreso.

El tema de la inmunidad cuando los congresistas incurren en delitos durante su función es importante porque ahora dos excongresistas tienen que responder a la Justicia por eso: Luciana León y César Villanueva. Sus conductas pueden interpretarse como delitos cometidos durante su función. Hay quienes creen que la inmunidad no los debe proteger...

Es que, en realidad, lo que debe proteger la inmunidad es el derecho de opinión y voto. Los delitos comunes que cometan aún durante el ejercicio de la función, deben ser investigados y juzgados. La inmunidad debe ser analizada, desde mi punto de vista, para poder identificar que ‘esto’ no es un delito de función porque no está protegiendo ningún voto, ninguna opinión, con relación a su función legislativa o fiscalizadora. Y debe ser levantada inmediatamente por la Corte Suprema y no por el Congreso, porque la podrían mantener por ser amigos, por ser parlamentarios de la misma bancada.

Como ya ha ocurrido con los blindajes...

Como la mayoría de veces ha pasado. Entonces, una vez que la Corte Suprema identifica que esto es un delito que no tiene que ver con la protección, que no tiene que ver con el voto o el derecho de opinión, se levanta la inmunidad y el funcionario es juzgado y enviado a prisión si corresponde.

¿Eso no está especificado en la Constitución o en el Reglamento del Congreso?

Está en la Constitución, pero el Reglamento del Congreso lo tergiversa, desde mi punto de vista. En la Constitución, en el segundo párrafo [del artículo 93], está bien claro. Dice: los congresistas no pueden ser juzgados por su opinión ni por su voto. El Reglamento del Congreso tuvo que adherirse a eso y no ampliarlo tanto.

Entonces es necesaria también una modificación del Reglamento.

La propuesta es modificar incluso la Constitución en relación a la inmunidad para que quede claramente expreso que no hay inmunidad por delitos anteriores, porque el Reglamento lo estira todo señalando que la Constitución es un poco abstracta.

Disueltos de Acción Popular

¿Los excongresistas de Acción Popular han contribuido a malograr la imagen de los políticos?

Todos los partidos debemos hacer una autocrítica. Acción Popular también. Sin duda hay parlamentarios que han realizado durante estos tres años buenas labores y, a la vez, no tan buenas. Yo creo que todos los parlamentarios han contribuido a esta gran desaprobación del Congreso. Acción Popular tuvo solo cinco congresistas. Definitivamente no lleva la responsabilidad. El accionar de 5 congresistas no marca la agenda legislativa de un parlamento de 130, y menos esta desacreditación tan grande que tenemos. Sin embargo, claro que hay que hacer una autocrítica de cada una de las acciones realizadas por nuestros parlamentarios.

¿La exclusión de los disueltos en las listas de Acción Popular se debe a esta autocrítica?

Creo que todos lo quisimos así. Ellos mismos también, tengo que decirlo, reconocieron y pensaron que era la mejor elección. Lo que necesitamos ahora es renovación. Y si bien tienen el derecho —lo ha reconocido el JNE—; y si bien Acción Popular no les puso el impedimento expreso [para postular], sabíamos todos los militantes que necesitábamos muchas cosas para estas elecciones, una de ellas, no tener a los congresistas disueltos. Tampoco hay invitados esta vez.

Incentivo para las adopciones

Descontando el tema de la lucha contra la corrupción, ¿qué otro tema te interesa llevar al Congreso?

En propuestas legislativas, hay un punto de especial interés para mí, que son los niños y adultos mayores en abandono. La población de niños abandonados aumenta mientras que las adopciones no. Hay más de 20 mil niños institucionalizados —acogidos por el Estado— [cifra del 2016], mientras que las adopciones siguen siendo entre 100 y 200. La población crece y esos niños siguen sin gozar de todos los derechos: tener una familia, una educación de calidad. Yo creo que uno de los temas, por este especial interés que tengo, es la promoción de la adopción. En el caso de los niños abandonados, se dividen las adopciones entre regulares y las adopciones, digamos, especiales, porque son niños que necesitan especial atención. Para promover ese tipo de adopciones debe haber un incentivo, porque hay muchas personas que quieren acceder a la adopción y que pueden pasar las evaluaciones, pero tal vez no tienen los medios. Yo creo que con un incentivo podemos lograr que esto cambie.

¿Un incentivo económico?

Sí, sin duda, respecto a los grupos especiales. Porque si hay un niño que requiere una mayor atención, digamos por tener algún tipo de enfermedad o condición, para poder incentivar que sea acogido, quizá una persona que no tenga los medios suficientes, sin duda va a necesitar un incentivo económico. Es lo mismo que se hace en el programa Juntos, por ejemplo. Entrega, creo que son 100 o 125 soles, cuando se hace responsable una persona, ya sea una madre o un padre, de llevar a sus hijos a la escuela. Y eso está generando la reducción de la analfabetización, que hoy hemos visto unos resultados al menos un poco más positivos de los que teníamos antes. Ese tipo de incentivos ayudan. Es cierto que tal vez darle 100 soles a alguien en extrema pobreza no lo saca de ahí. Pero tenemos que reconocer que ayuda.

¿Es viable esa propuesta desde el Congreso, tomando en cuenta que no tiene iniciativa de gasto?

El primer paso es la fiscalización, determinar por qué no están funcionando las adopciones. Hay personas que han manifestado que aún cuando se han sujetado a la evaluación, ha pasado el tiempo máximo que se establece en el mismo Ministerio de la Mujer y no han tenido una respuesta. O hay personas que han manifestado que han estado sujetos a evaluación durante dos años, y esa evaluación debería durar menos de seis meses.

Los mecanismos para la promoción de la adopción no necesariamente tienen que ver con incentivos económicos, que sin duda pueden existir en la adopción especial. Pero no se trata solamente de implementar o de incluirlo en el presupuesto. Definitivamente sería útil que luego se establezca una política pública ya en el Gobierno, un programa social. Pero, claro, los mecanismos para promover la adopción no son solamente en el caso de las promociones especiales. Sin duda sería de una gran ayuda, porque las adopciones especiales podrían requerir algo más. Pero empecemos primero por promover la adopción regularmente. El problema que identificaba, y por el que muestro preocupación, es el hecho de que los niños abandonados, institucionalizados por el Estado, no son adoptados.

Vamos por partes. Fiscalización al Ministerio de la Mujer sobre por qué el programa de adopciones no da resultados. ¿Esa es tu propuesta?

Claro. Primero por el plazo, que es un primer problema detectado por la gente que quiere adoptar. Una vez que realicemos una mesa de trabajo en relación a las adopciones, podremos identificar idóneamente los mecanismos que van a ser útiles para promover la adopción. Yo creo que, sin duda, el incentivo de la adopción sí puede ser recogido en una propuesta legislativa. No veo por qué no. Sin duda se requiere el trabajo con el Gobierno en el caso del establecimiento de un programa social, si es que eso se llega a acoger. Pero, en todo caso, incentivar la adopción así como se incentivan diferentes finalidades, sí puede formar parte de una agenda legislativa.

¿Incluso si el incentivo es económico?

Si estamos hablando de un incentivo económico, sin duda reconozco que eso tiene que ser una política de Estado. Los congresistas pueden proponer. Pero, claro, no tienen la batuta para decidir. Ahora, en cuanto a la promoción en sí misma, depende de la fiscalización, que tiene que ser el primer paso. Pero sí se pueden establecer mecanismos legales para la adopción en una ley. Y, entonces, va a ser mucho más fácil identificar pasos. Porque teniéndolos solamente sujetados al Ministerio de la Mujer, que se encarga de este tema, no son tan claros para los adoptantes. Tal vez establecer en una ley ese procedimiento de adopción, que ayudaría a incentivar las adopciones.

Adopción para parejas del mismo sexo

Se puede considerar la adopción para parejas del mismo sexo. Podría contribuir a que un número de menores deje de estar “institucionalizado”, como mencionas. ¿Cuál es tu posición al respecto?

Lo cierto es que no hay una prohibición para un determinado perfil, para una determinada persona. Ninguno de los requisitos es que exista una pareja de esposos. Pero, sin duda, en la evaluación hay criterios que están por encima de otros. Yo no creo que a nadie se le deba negar la adopción. Lo que es importante para mí es que no se debe dejar de ver que el derecho que debe ser protegido es el del niño. Y el niño tiene derecho a una familia, y también a un padre y a una madre. También a la educación y a la salud. Si el niño puede ejercer la mayoría de sus derechos en un determinado hogar, yo estoy de acuerdo con que la adopción tiene que realizarse. La idea es preservar los derechos del niño.

Pero si una pareja del mismo sexo puede darle a un menor la posibilidad de dejar de estar “institucionalizado”, ¿no crees que podría adoptar?

En este momento no hay un impedimento para una persona que quiera solicitar la adopción. Obviamente, si es una persona soltera, puede solicitar la adopción con todos los requisitos que se exigen. Si es una persona casada, puede realizar la adopción y en ese caso sí exigen que ambos cónyuges pasen la evaluación de la adopción. En este momento no estamos hablando de esposos del mismo sexo porque no existe eso en nuestro país. Digamos, si llega a existir, me imagino que se va a implementar también una evaluación conjunta. Lo cierto es que en este momento no es un requisito identificar la orientación sexual para efectos de la adopción, sino pasar otros requisitos que sí están especificados, que tienen que ver con idoneidad, con economía.

Si en el futuro hay en el Perú matrimonio entre personas de ambos sexos, ¿cuál es tu posición, entonces?

Mi posición personal es que lo que no hay es derecho a ser padres. No existe un derecho a ser padres. Pero sí hay un derecho de los niños a tener padres y ser protegidos por ellos. Entonces, en tanto no hay derecho a ser padres, no creo que una pareja pueda invocar ese derecho para que se le dé una adopción. En eso no creo porque no existe ese derecho. Sí existe el derecho del niño a tener un hogar, a tener un padre, a tener una madre. Entonces, el Estado debe, y entiendo que se debe realizar de esa manera, priorizar las adopciones donde todos sus derechos se vean protegidos.

Si hay situaciones en las que el niño no va a ejercer todos sus derechos porque, por ejemplo, el adoptante, por alguna situación específica, es un adoptante soltero; no por eso se le va a negar [la adopción], si es que [el menor] no tiene otra opción. Si es que hubiera una pareja que está aspirando a la misma adopción, una pareja de esposos, se tiene que priorizar el derecho del niño a tener un padre y una madre. Tiene que estar por delante. A eso voy.

Ese es tu planteamiento, entonces: papá y mamá.

Mi planteamiento es que se tienen que proteger los derechos del niño. Siempre se debe tener en cuenta que lo primordial es dar en ejercicio los derechos del niño y no los derechos del adoptante, porque no hay un derecho para adoptar.

Lescano y las “cunas salvadoras”

Tu propuesta me hace pensar en el proyecto de Yohny Lescano, el de las “cunas salvadoras”, que fue criticado. Incluso se dijo que podía incentivar al abandono de menores. Tú, como militante de Acción Popular, ¿estabas de acuerdo con esa iniciativa?

El proyecto del excongresista Lescano iba por el lado de promover la entrega en adopción. Yo creo que lo primero es atender lo urgente, que es la población que está en abandono. Poder incentivar que esa población sea acogida y sea dotada de sus derechos, el de la familia principalmente. O ser educado, tener una casa. Sus derechos básicos. Lo que tenemos [que hacer] es ir sacando a esos niños de esa institucionalización.

El proyecto de Lescano tiene un dictamen aprobado desde el 2018. Y hay otros proyectos de Acción Popular. ¿Cuál va a ser la posición del partido sobre ellos?

Lo que nosotros estamos pensando es revisar todos los proyectos presentados por la bancada anterior, escoger si alguno tiene alguna medida urgente, si lo consideramos prioritario, importante. Porque ya están realizados y con un estudio hecho, y si ellos mismos pueden exponernos por qué era relevante en su momento, y nosotros analizamos cuál es la relevancia ahora, pues lo seguiremos impulsando. Como bancada seguimos siendo uno. El partido sigue siendo uno y tenemos que impulsar, digamos, lo que sea mejor para el país.

¿También el proyecto de Lescano?

El proyecto del congresista Lescano a mí me parece importante evaluarlo. Yo no sé si era la correcta forma, pero ya tenemos una base. Es importante saber que ante los nacimientos no deseados, cuál es la forma más fácil de entregar en adopción. Pues sí, se tiene que evaluar. Porque no queremos niños abandonados. No podemos tener niños en las calles. Tiene que haber un mecanismo, pero tiene que ser evaluado. No podría yo decir ‘esta era la mejor forma’. Tendríamos que estudiarlo.

“Siempre hay que escuchar al pueblo”

Un expresidente del Tribunal Constitucional, que ahora es candidato del fujimorismo al Congreso, sostuvo que al pueblo no se le escucha, que solo se le gobierna. ¿Al pueblo se le escucha?

Si nosotros llegamos al Congreso, es porque el pueblo nos puso ahí. Nunca le podemos dar la espalda al pueblo, menos si nuestra función es de representación. Dicen uno legisla, uno fiscaliza, y eso es lo que más actúa. Pero lo más importante es la representación. Porque si tú legislas y fiscalizas de espaldas al pueblo, en realidad no está siendo un Parlamento. Si no hay representación, no debería existir ese órgano parlamentario.

Entonces al pueblo no se le da la espalda. ¿Aplica también cuando el pueblo que reclama es parte de sectores como la comunidad LGTBI, feministas o activistas que piden la legalización del aborto? ¿A ellos también se les debe escuchar y representar?

Yo creo que a todos los grupos se les escucha y se evalúa. Es cierto que hay posturas diferentes en relación a un tema en particular. Y, como congresistas, representaremos a un grupo o al otro. Eso ocurre siempre. No significa que vamos a actuar de espaldas al pueblo o que al pueblo no se le escucha. Al contrario, escuchamos a un grupo y al otro, evaluamos los puntos convergentes, en dónde podemos seguir avanzando las posiciones encontradas. Porque si seguimos peleando, no hay avance. Siempre hay un punto en común. Por ejemplo, la igualdad de oportunidades. Ambos grupos dicen que están de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema? Avancemos en el punto convergente, que es la igualdad de oportunidades entre todos. La no discriminación. Trabajemos en lo que se está de acuerdo. Siempre hay que escuchar al pueblo.

¿En Acción Popular tienen claro eso de tomar en cuenta los pedidos de los sectores minoritarios?

Hay varios que trabajamos con grupos. Yo misma planteo trabajar reformas sociales en función a estos grupos que, sin duda, son minoritarios. Los niños en abandono son 20 mil [los institucionalizados], pero no son la mayoría de la población. Sin duda es un sector muy importante. Los adultos en abandono también. Quizá ellos mismos no lo reclaman tanto, pero hay que visibilizarlo. Hay que trabajar por ellos y hacer que todos los demás reconozcan sus derechos a una vida digna, salud, un techo.

Como debería ser para todos los sectores que reclaman por sus derechos...

Exactamente, para todos. Los derechos son para todos.

Financiamiento de campaña

En nuestra cobertura de las elecciones en la web de La República nos estamos enfocando en el tema del financiamiento de las campañas. ¿Cada candidato de Acción Popular financia su propia campaña?

Sí, así es. Sucede que en Acción Popular ahora no tenemos directivas ni tesorería porque estábamos a puertas de nuestras elecciones cuando se vino la disolución del Congreso. Tuvimos que frenar nuestras elecciones internas. Acción Popular, por tanto, no tiene un órgano que realice el financiamiento. Cada uno tiene que financiar su propia campaña. Y al final del proceso, siempre nos han solicitado los reportes. Siempre la tesorería. Ahora que no existe, se tendrá que presentar, pues, al presidente del partido o al comité.

¿Con qué recursos financias tu campaña?

Propios, de amigos y de simpatizantes que me han apoyado desde la campaña interna. Mi campaña es austera y me siento bien con eso.

O sea, ¿aportes de personas de tu entorno?

Mira, es bien bonito cuando amigos llegan con unos volantes de los afiches que sacan del Facebook. Y llegan con algunos llaveros. Yo les digo que tengo que cuantificarlos porque tengo que rendir cuentas incluso con esas donaciones. Pero es lindo recibir ese apoyo cuando ha logrado convencer tu mensaje, cuando creen en ti, tanto personas cercanas como no.

¿Y qué opinas sobre el financiamiento de las campañas por parte de empresas?

Estoy totalmente hastiada de cómo los particulares han entrado por intereses privados y justificaciones tontas que, en verdad, no son ajustadas a la verdad, para poder participar en la política de esta manera. Estoy totalmente en desacuerdo. Y es bueno que ahora ya no puedan realizarse ese tipo de aportes. Porque la política tiene que ser limpia. Todos nos tenemos que mostrar de igual manera para que el elector pueda evaluarnos por igual. Antes, aquel que no tenía nada, era invisibilizado. Seguramente ahora muchos podíamos haber sido invisibilizados. Felizmente ya no se puede hacer publicidad por medio, lo que nos ayuda mucho a los que no podíamos acceder a ese tipo de publicidad. Nos quedábamos relegeados y nadie nos iba a conocer.

Martín Vizcarra, TC y bicameralidad

Algunos candidatos han hablado de revisar el tema de la disolución del Congreso e, incluso, no descartan una vacancia contra el presidente Vizcarra. ¿Acción Popular está en sintonía con alguna de esas dos ideas?

Yo no lo creo. Espero que no. No creo que sea acogida por Acción Popular. Lo que importa en este momento es dejar todo lo malo que ha pasado atrás, evaluarlo, sin duda, pero caminar hacia adelante. Qué ganamos ahora metiéndonos otra vez en un proceso, perdiendo el tiempo peleándonos nuevamente en el Congreso. ¿Otra vez vamos a caer en lo mismo? Eso no ayuda en nada a la ciudadanía. Otra vez vamos a darle la espalda a los ciudadanos si nos ponemos en riñas políticas.

¿Qué opinas sobre el Gobierno? ¿Cómo lo calificas?

Hay que reconocer en el presidente Vizcarra las medidas positivas que ha tomado. Pero también necesita él mismo hacer una autocrítica. O sea, revisando sin mucha profundidad, en los decretos de urgencia que ha emitido sin duda uno puede percibir que intenta ser populista, como muchas de sus medidas. El presidente tiene que hacer una propia autocrítica para que el país siga avanzando. Vemos ahora cómo los ministros entran y salen. Sale el de Salud, a las dos semanas sale el de Cultura, y entonces no tenemos una estabilidad de gobierno, aún sin Parlamento. Yo creo que el presidente debe hacerse una autocrítica para poder, digamos, redireccionar positivamente la conducción del Gobierno.

El nuevo Congreso tiene la elección del nuevo Tribunal Constitucional. ¿Acción Popular hace suya la propuesta de modificar el mecanismo de elección?

Lo que yo considero es que la elección a dedo debe ser eliminada. Sabemos que existe una vía regular que no era usada nunca, que es la vía de evaluación; y la vía de elección a dedo, por llamarla de alguna manera, que era la única que se usaba pese a ser la vía excepcional. Sin embargo, se convirtió en la regla. Ese mecanismo debe ser eliminado. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo con que se debe eliminar esa forma de elección y conservar la evaluación en función a la meritocracia. Ahora, hay una propuesta que la hicieron, me parece, en el mismo Congreso, y que la acojo sin duda, que es componer al Tribunal Constitucional por diferentes órganos. No que el Congreso elija a los 7, sino que sea el Congreso que elija 2; los colegios de abogados, que elijan a 1; las universidades públicas, las privadas; y componer un TC sin olvidar la meritocracia. Todos ellos deben pasar por la evaluación objetiva.

¿Volver a la bicameralidad?

Personalmente estoy de acuerdo con la bicameralidad en el sentido de calidad de normas. Hoy tenemos una aprobación de leyes en dos votaciones que no ocurre porque en la primera votación siempre se exonera la segunda haciendo un saludo a la bandera. Pero creo que hoy el Congreso no tiene la representatividad como órgano en sí para poder tener dos cámaras. Y ese es un problema que tiene que evaluarse. Porque aún cuando crea que así funcionaría el Congreso de mejor manera, desde mi postura, no creo que ahora el país esté de acuerdo con acoger dos cámaras. Y, nuevamente, uno no puede legislar de espaldas al pueblo.

Ping pong

¿Alfredo Barnechea?

Expostulante.

¿Congreso de la República?

Desgastado.

¿Inmunidad parlamentaria?

Negativa.

¿Acuerdo de colaboración con Odebrecht?

Revisable.

¿Fujimorismo?

Espero que no vuelva a tener la mayoría.

¿Ideología de género?

Controversial.

¿Enfoque de género?

No veo la diferencia.

¿Poder Judicial?

Cuestionado. De espaldas al pueblo.

¿Legalización del aborto?

Difícil tema y evaluar posturas.