Los intocables ediles: Luciana León tiene inmunidad hasta por 5 años
El constitucionalista Luciano López indicó que la exlegisladora aprista cuenta con inmunidad funcional, y que lo máximo que puede hacer la Fiscalía es pedir impedimento de salida en contra de ella.
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Representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía allanaron este martes el despacho y la vivienda de la integrante de la Comisión Permanente Luciana León por presuntos vínculos con la red criminal ‘Los Intocables Ediles de La Victoria'.
Ante ello, teniendo en cuenta que el presidente de la República, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso el último 30 de setiembre, el constitucionalista Luciano López, en diálogo con Canal N, explicó que la exlegisladora seguirá pretegida por la inmunidad funcional (o antejucio) hasta por cinco años.
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Según detalló el abogado, los congresistas tienen dos tipos de inmunidad: por delitos comunes y por delitos funcionales.
“Cuando un congresista comete un delito usando su cargo se llama la ‘inmunidad funcional’, la misma que tiene un término técnico en la Constitución llamado ‘antejuicio o juicio político’. […] Significa un procedimiento que es un tanto complejo porque tienen que formularle una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, expresó el especialista, quien agregó que, tras la aprobación de un informe en la Subcomisión, será la Comisión Permanente la instancia en la que se decida si la acusación se eleva al Pleno.
Tras ello, a través de su cuenta de Twitter, López indicó que “lo que se conoce como “antejuicio (por comisión de delito) o juicio político (por infracción constitucional)” están previstos en los artículos 99 y 100 de la Constitución.

Captura del tweet de Luciano López.
En ese sentido, el abogado comentó que lo máximo que puede hacer el Ministerio Público, en caso no se evalúe el caso por el nuevo Congreso, sería solicitar el impedimento de salida del país contra Luciana León.
“Es lo máximo que se puede hacer porque son funcionarios, insisto, que tienen fuero, que tienen una protección que se mantiene hasta cinco años después de haber cesado funciones, tal como lo dice el artículo 99 de la Constitución”, agregó.


















