Congreso habría presionado a magistrada de TC para liberar a Keiko Fujimori
Marianella Ledesma, miembro del Tribunal Constitucional, confesó la semana pasada, antes de la disolución del Parlamento, que le habían pedido votar en “unanimidad” para conseguir la libertad de la lideresa de Fuerza Popular.
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La magistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma recibió presiones desde el Congreso de la República, antes de que este fuera disuelto constitucionalmente por el jede de Estado Martín Vizcarra, para votar a favor de la liberación de la investigada Keiko Fujimori, quien cumple a la fecha prisión preventiva en el marco del caso Odebrecht en el penal de Santa Mónica.
La información fue confirmada este jueves por el magistrado Carlos Ramos Núñez en entrevista para Canal N. En el diálogo, el tribuno señaló que en la última reunión de los jueces constitucionales en Arequipa, “la magistrada [...] nos dijo que esa presión procedía del Congreso”.
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"No nos especificó el detalle, pero al menos yo era de la idea de que debía dar la versión completa. Y, es más, ante una situación como esa, presentar su denuncia ante el Ministerio Público”, consideró el magistrado Ramos Núñez.
En su opinión, el juez constitucional valoró que la denuncia de la magistrada Marianella Ledesma “es grave”. Sin embargo, recomendó que "lo mejor sería que se formalice ante el Ministerio Público, con la indicación exacta de quién fue quien se acercó a ella para hacerle tremenda petición”
Primo de Pedro Olaechea
Por otro lado, el magistrado se refirió al caso del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, primo de Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del disuelto Congreso de la República, quien remitió al Tribunal Constitucional un oficio para que se coordinara su nombramiento oficial en el órgano colegiado.
Ortiz de Zevallos Olaechea, vale recordar, resultó electo como magistrado del TC en un proceso cuestionado en el último Pleno del Congreso, antes de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, lo disolviera constitucionalmente.
A su parecer, el magistrado Carlos Ramos estimó que la situación de Ortiz de Zevallos Olaechea es “bastante complicada”, debido a que “el procedimiento de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional no concluyó”.
"De acuerdo al reglamento del Congreso, por ejemplo, la reconsideración, la nulidad, que están pendientes, deben ser resueltas por el Pleno. Esa situación no ha ocurrido”, dijo el magistrado.
Sin embargo, vale indicar que desde la disolución del Congreso, no corresponde ya la reunión del Pleno, dado que entra en funciones solo la Comisión Permanente para cumplir funciones específicas hasta la la elección de nuevos parlamentarios, quienes tendrían que resolver la situación del abogado en un nuevo Pleno.
El magistrado consideró, por otro lado, que el documento que el primo de Pedro Olaechea envió al Tribunal Constitucional para que se le designe como nuevo miembro, respondería, a su parecer, a “una legítima aspiración personal” de integrarse al colegiado constitucional. Sin embargo, aclaró que “estas aspiraciones personales tienen que ir de la mano con la formalidad de los procedimientos”.
Finalmente, el magistrado estimó que el próximo 10 de octubre se llevaría a cabo un sesión plenaria del Tribunal Constitucional en el que se evaluaría “si se acepta o no el nombramiento del señor Gonzalo Ortiz de Zevallos”.
También, “en caso de aceptarse, cosa que en realidad yo dudo”, señaló el magistrado Ramos Núñez, se decidirá también "cuál sería el magistrado que deba ser objeto de reemplazo”.
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