Fiscalía archiva definitivamente denuncia de Chávarry contra Pérez y juez Concepción
Fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, que integra el equipo especial para el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, desestimó los alegatos de Pedro Chávarry contra el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho.
La República en GoogleLa denuncia por prevaricato que el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry interpuso contra el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho, fue enviada al archivo definitivamente por el Ministerio Público.
Chávarry querelló al fiscal del Equipo Especial para el caso Lava Jato y al juez de investigación preparatoria por el allanamiento de las oficinas de la Fiscalía de la Nación, cuando el cuestionado magistrado, quien es vinculado a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, era titular de la Fiscalía.
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Los alegatos de Pedro Chávarry fueron desestimados por el fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón, quien, vale señalar, tiene a su cargo las investigaciones contra jueces y fiscales superiores y supremos que se encuentran comprometidos con “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
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En su denuncia, Chávarry argumentó que José Domingo Pérez, al ser un fiscal provincial, no tenía la jerarquía necesaria para ingresar a las oficinas de sus asesores, y que el juez Concepción Carhuancho tampoco estaba facultado para autorizar dicho allanamiento.
Sin embargo, para el fiscal supremo Fernández Alarcón, el allanamiento a las oficinas de Pedro Chávarry fue dispuesto en el marco de las pesquisas que se le siguen a Keiko Fujimori, quien es investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos, a fin de hallar alguna relación que involucrara al ex fiscal de la Nación.
Esta denuncia, es preciso señalar, no es la misma que Pedro Chávarry interpuso contra Pérez y el juez Concepción Carhuancho por un presunto abuso de autoridad durante el allanamiento de sus oficinas.
Por el contrario, esa denuncia sigue su curso pues fue declarada procedente el pasado 28 de agosto por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción.
En ese sentido, ahora solo compete a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, determinar si acoge el pronunciamiento o, por el contrario, lo desestima y envía al archivo.
