Odebrecht: implicados pidieron archivar acusación por caso Gasoducto Sur
Juez Manuel Chuyo evaluó solicitudes del exfuncionario de Proinversión, Edgar Ramírez, y de la exapoderada de Odebrecht, Claudia Hokama.
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Por: Alonso Collantes
La acusación del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia por el caso Gasoducto Sur contra dos personas, se encuentra en etapa de control sustancial a cargo del juez Manuel Chuyo Zavaleta.
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Acorde a ello, durante la sesión de este miércoles, las defensas de Edgar Ramírez, expresidente del Comité de Seguridad Energética de Proinversión, así como Claudia Hokama, exapoderada de Odebrecht, solicitaron el archivo de la acusación que se les hizo en agosto del 2017 por el delito de colusión agravada.
En el caso de la defensa de Ramírez se sustentó el sobreseimiento (archivo) alegando que los vínculos entre su patrocinado y Hokama no eran suficientes para que el caso llegue a un juicio oral.
Sin embargo, el fiscal Abia apuntó que el abogado omitió que “Ramírez no informó al directorio [de Proinversión] que asesoró a Odebrecht” antes de asumir su puesto en dicha entidad del Estado.
Cabe precisar que entre 2008 y 2013, la empresa de Ramírez, Latin Energy Global Service contrató servicios con la constructora brasileña.
Por esta razón, el representante del Ministerio Público afirmó que sí hubo conflicto de intereses, pues el Comité intervino en la adjudicación de la buena pro al consorcio Kuntur Transportadora de Gas, integrada por Odebrecht luego de que la constructora adquiriese la mayoría de las acciones de la empresa Kuntur en 2011.
En junio del 2012, además, Claudia Hokama, su coacusada, obtuvo la gerencia legal del consorcio, por lo que la Fiscalía sospecha que hay indicios suficientes para que el caso llegue a un juicio.
En cuanto a la defensa de Hokama, se presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción que busca el mismo fin: apartarla del caso alegando que los hechos por los que se le investiga no constituyen colusión agravada ni se ha comprobado su participación en calidad de “cómplice primario”.
Al finalizar la sesión, el magistrado Manuel Chuyo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, indicó que decidirá en el plazo de ley y notificará a las partes por correo electrónico.
Penas y montos
Para Edgar Ramírez, la Fiscalía solicitó una pena de 7 años de prisión por colusión agravada y, subsidiariamente, por el delito de negociación incompatible, 4 años y 4 meses de cárcel.
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En el caso de Claudia Hokama, Abia solicitó por colusión agravada 6 años y 4 meses de reclusión. Durante la audiencia, sus abogados criticaron la entrevista que sostuvo el domingo último Reynaldo Abia en el programa Panorama, sin embargo, este adujo que “hemos respetado la presunción de inocencia” de ambos acusados.
Por su parte, la Procuraduría ad hoc ha pedido un monto preliminar a pagar al Estado por S/1476 millones, pues los daños que generó el frustrado proyecto del Gasoducto Sur fue de US$136 millones.
