Walter Aduviri: Sentenciado gobernador de Puno habla desde la clandestinidad [AUDIO]

Walter Aduviri, el gobernador de Puno, sentenciado a 6 años de prisión efectiva, rompió su silencio luego de la drástica medida judicial en su contra. Desde la clandestinidad, la autoridad regional, acusa a la mafia de los Cuellos Blancos de actuar en su contra como parte de un acto de venganza.

“Es una venganza de los Cuellos Blancos, es una venganza política y del sistema judicial organizado en mafias, en Lima y regiones”, se defendió Walter Aduviri durante los primeros segundos de su audio. Su autodefensa se conoce luego de ser sentenciado nuevamente por el delito de disturbios, coautor no ejecutivo de los actos violentos desatados durante el 2011, en medio de una protesta conocida hoy como “aimarazo” y que tuvo lugar como parte del rechazo a un proyecto minero.

De acuerdo a la tesis de la autoridad regional de Puno, los Cuellos Blancos -una presunta mafia compuesta por jueces y fiscales del Perú- “es una generación que por varios años ha ido conviviendo con la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) y hoy me sentencian sin medios probatorios”.

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Una víctima de la persecución política, así es como se siente Walter Aduviri. Asegura que desde el inicio de su proceso hasta la misma sentencia los operadores de justicia no han podido demostrar que haya cometido delito alguno.

“¿Qué voy a hacer? Lamentablemente me tengo que ajustar a las reglas del juego de este sistema corrupto que tenemos en nuestro país, voy a tener que apelar”, indicó en su audio. Walter Aduviri, quien saltó a la palestra a nivel nacional tras liderar el “aimarazo”, sostuvo que agotará todas las instancias en el Perú y de ser necesario incluso acudirá a instancias internacionales.

EN DEFENSA DE LA VIDA

En su audio, Aduviri sostiene que en el Perú “la defensa los recursos naturales, defender la vida y el agua, el medioambiente y los derechos legítimos de los pueblos andinos y originarios, es delito”. Dejo entrever además que por proponer nacionalizar los recursos nacionales estratégicos, su acto habría sido considerado como un delito.

Luego señaló que el denominado “aimarazo” se registró en medio de una escena para luchar por los derechos legítimos de la población enmarcado “(...) en la defensa de su propiedad de tierra y territorio, enmarcado en la defensa de la vida, eso fue lo que se encaminó el año 2011”.

El aún gobernador de Puno descartó que las poblaciones organizadas de las comunidades andinas y amazónicas sean procesadas por el sistema judicial por el delito de crimen organizado cuando protagonizan sus manifestaciones de protesta.