La puerta abierta

La propuesta de adelanto de elecciones significa la alteración de la hoja de ruta que parecía haberse trazado con el inicio de la gestión del actual Gobierno, y que constaba de cambios mínimos resistidos por un amplio abanico de fuerzas opositoras, especialmente inmovilistas. La etapa que se acaba de iniciar es de un desenlace suspendido en el aire y de una posibilidad incierta de cambio. La política peruana es un cuaderno en blanco que se escribe cada día.

Vivimos una transición; es la palabra que mejor puede designar este proceso. Las otras, como crisis, coyuntura crítica o recomposición, no son suficientes para un ciclo precario e inseguro donde las elecciones del año 2020 serán un hito, no el final del recorrido. Es tan precario este tránsito que aún no sabemos qué será lo más importante; la única certeza es que no hay vuelta atrás.

Transitamos una experiencia nueva, pero solo en términos relativos. El Perú ha vivido tres transiciones en los últimos 50 años: la de 1977-1980, de 2000-2001 y la actual. Los códigos “externos” de las dos primeras fueron: 1) que lo esencial son las soluciones democráticas; 2) que lo constitucional se aborda con creatividad y responsabilidad desde la política, no al revés; y 3) que las salidas son negociadas, bajo un juego de presiones rudas, pero pactadas.

Y tenemos nuevos fenómenos. Las anteriores transiciones (1977-1980 y 2000-2001) se llevaron a cabo con efervescencia y masiva participación de la sociedad que hicieron débiles a los actores que empezaron la ruta con cierta fortaleza. Fueron procesos para recuperar la democracia, en tanto que la actual se propone renovarla desde dentro, con actores débiles desde el inicio y una participación social todavía pendiente.

Los datos sobre la voluntad política se posan sobre esta realidad donde se combina lo conocido y lo nuevo. Es incontestable que hay una mayoría política en favor de las elecciones adelantadas (75%), aunque por debajo de la mayoría anterior, la que obtuvo el referéndum de diciembre pasado, y con un número más bajo de peruanos (56%) que, a pesar de la impopularidad del Congreso, prefiere que se disuelva el Parlamento.

Esta mayoría es por ahora constitucional; opta por una salida legal, pacífica, pactada y democrática. No es un “que se vayan todos” en clave rupturista, sino negociada. Y pensar que todavía algunos no distinguen esa madurez y califican de populista el humor de la calle.

Que no se engañen los que no quieren calendario electoral adelantado. Ya no existe en la calle una mayoría vizcarrista y plebiscitaria; hay una mayoría transicional. El presidente tiene un alto respaldado para gestionar esta etapa, la mayoría se opone a su vacancia (70%), aunque su ubicación en el bloqueo institucional ha cambiado: ha pasado de ser una solución, a ser un problema, o en mejor de los casos una solución/problema. Solo el 18% piensa que Vizcarra y el Congreso deben de seguir en funciones hasta el 2021.

Estos datos deben servir para las negociaciones y para las soluciones unilaterales en caso fracase un pacto para usar la vía de la regla de la reforma constitucional (artículo 206º de la Carta) y se abra el uso de la regla de sucesión (artículo 115º). Se tiene que negociar el futuro y no el pasado.

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