La incertidumbre y los inseguros
“Es un exceso designar como incertidumbre los indicadores clásicos de riesgo, inestabilidad, desconfianza o conflicto...”.
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La propuesta de adelanto electoral ha generado el uso desprevenido del concepto “incertidumbre”, especialmente aplicado a la economía, adjudicándole de plano, abusivamente, un significado concluyente solo por razones del debate público.
Desagregando nuestro modelo de desempeño institucional desde el año 2000, este presenta elementos a tomar en cuenta a la hora de apreciar los conflictos, como: 1) un riesgo país bajo para la región (considerando que el Índice Global de Riesgo, IGR, le da generalmente al Índice Político un 35% de peso); 2) una marcada separación entre la política y la economía, resumida en la imagen de las “cuerdas separadas”; y 3) una sostenida insatisfacción social sobre la economía, incluso a pesar de sus logros, lo que Latinobarómetro bautizó como “la paradoja peruana” hace 15 años, reportando en su última medición (2018) solo 9% de satisfacción por debajo del promedio regional de 18 países (16%).
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Una definición abierta de incertidumbre sería que es un periodo en que los tomadores de decisión carecen de certezas sobre el resultado de sus movimientos y, por lo tanto, no pueden estimar sus logros o pérdidas debido a la falta de información sobre el curso de los hechos. Bajo esta premisa, es un exceso designar como incertidumbre los indicadores clásicos de riesgo, inestabilidad, desconfianza o conflicto, o, peor aún, ignorar la interacción de estas variables, especialmente cuando se agregan o desagregan en las coyunturas críticas.
En el caso peruano, hablaríamos de, por lo menos, tres tipos de incertidumbre, dos puras y una general o mixta. La económica “pura” fue muy escasa, y quizás la más significativa haya sido la de los efectos internos de la crisis financiera internacional (2008) con baja afectación de la economía debido al liderazgo del gobierno. Luego, tuvimos varias coyunturas de incertidumbre política “pura”, entre ellas las asociadas a las campañas electorales del 2006 y 2011 y la actual, la más larga, que dura desde diciembre del 2017. Estos episodios tampoco fueron decisivos en los resultados económicos. Hasta ahora.
En este periodo no hemos experimentado coyunturas de incertidumbre general, en la dimensión de los años 80. Es probable, sin embargo, que su ocurrencia en esta etapa vaya asociada a condiciones, como: 1) una larga disputa violenta, sin salidas, entre el Gobierno y el Congreso, que comprometa decisiones económicas públicas, como la aprobación del presupuesto, por ejemplo; 2) paralizaciones expresas y sostenidas de sectores claves de la economía o de regiones, produciendo una agregación de conflictos que escalen en intensidad; o 3) la irrupción de alternativas que desborden los cauces legales y promuevan salidas extralegales con cierto respaldo ciudadano.
De las posibilidades señaladas, la primera podría estar en ciernes, de modo que se impone una negociación para adelantar las elecciones, un pacto renovador de la democracia, propio de una transición política en la que ya tenemos experiencia. Por lo mismo, no existe una incertidumbre general, automática y obligatoria, menos un riego de recesión o de grandes pérdidas materiales, en un proceso que hasta ahora es esencialmente político. No invoquemos al diablo por gusto.
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