La inconclusa reforma de la justicia

Por César Romero y Henry Cotos

Todos en el Perú quieren la reforma del Poder Judicial, Ministerio Público y el organismo encargado de nombrar, investigar y sancionar a jueces y fiscales, pero hasta hoy no es claro cómo lograrlo, ante los muchos obstáculos, desconfianza e incomprensión que genera este proceso.

El reclamo de reforma no es de hoy, recuerda el ex juez superior Sergio Salas. Hace años, se piden normas legales y un presupuesto que permita superar la crisis de credibilidad, falta de recursos, procedimientos engorrosos e interferencias políticas y empresariales en juicios.

Con la difusión de los audios de ‘Los Cuellos Blancos’ y el avance del caso Lava Jato, en julio del 2018, el presidente Martín Vizcarra tuvo el acierto de hacer suyo este reclamo y lo ha mantenido en la escena pública los últimos doce meses.

Hasta allí llega el esfuerzo. Un año después todo parece atascado. Las estructuras que causan la crisis del sistema de justicia no han sido atacadas, señala Gorki Gonzales.

Verdad y mentiras

Desde el fujimorismo se critica la falta de resultados por la premura en plantear las reformas. Eso es cierto, pero a la vez busca ocultar la realidad: falta de apoyo y avanzar más allá de los nombres

Es cierto que tras la difusión de los primeros audios, un 13 de julio del 2018, el presidente Vizcarra convocó a la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, que en dos semanas presentó 10 recomendaciones para la reforma judicial, que sirvió de base para los ocho proyectos de ley que presentó al Congreso el 2 de agosto del 2018. Lo que no se dice es que estos proyectos pudieron ser mejorados en el Congreso. Eso no pasó. El parlamento tuvo más tiempo que la comisión Wagner, pero prefirió desvirtuar los proyectos para proteger a algunos magistrados y la reforma se ha debilitado.

De los ocho proyectos que el Ejecutivo presentó al Congreso, se han aprobado seis. En febrero, seis meses después de la propuesta del Ejecutivo, se dictó la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Ese mismo mes, se aprobó la ley que retira al Ministerio Público de emitir dictamen en los procesos administrativos. Además, en abril del 2019 se aprobó la ley que incentiva la transparencia en el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Academia de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, las dos únicas normas de ejecución inmediata.

En abril también se dictaron las leyes de creación de las Autoridades Autónomas de Integridad y Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, que reemplazan a la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno, que dependen que primero entre en vigencia la JNJ.

Por último, en mayo del 2019 se creó el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que sufrió un duro revés en julio, con la decisión del Tribunal Constitucional de retirarse de este organismo.

Realidad

Uno de los problemas que siempre enfrentó el CNM para nombrar buenos magistrados es que los mejores abogados no encuentran incentivos para ingresar a la magistratura y desconfían del examen escrito.

Pese a lo cual, al redefinirse la forma de elección de los integrantes de la JNJ se buscó la selección por examen escrito. Esto generó que de 140 postulantes solo tres aprobaran el examen escrito y solo uno la entrevista final, que no aclaró nada.

“Para empezar, no se ha definido el perfil que se está buscando para integrar la Junta. El examen de evaluación memorístico, no filtra necesariamente a los mejores”, señala el profesor de derecho constitucional, Pedro Grández.

Sin la Junta Nacional de Justicia no hay los nuevos órganos de control al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público. Tampoco se nombran nuevos magistrados, con lo que crece la provisionalidad, ni se revisan las decisiones cuestionables del fenecido CNM. Intenciones hay, pero la reforma aún espera.

La Palabra

Gorki Gonzales - Abogado y profesor de Derecho

“La reforma judicial aún no se ha iniciado. Los cambios legislativos no significan nada. Lo primero que debe cambiar es el papel de la Academia de la Magistratura”.

Pedro Grández - Abogado y profesor de Derecho

“El desaire que hace el TC al recién creado Consejo para la Reforma de la Justicia es ilegal. Una ley no puede ser desobedecida por un acuerdo de su pleno administrativo”.

Sergio Salas - Abogado, ex juez superior

“La reforma es un pretexto político. No tiene sustento. Le falta un modelo técnico que nos diga qué se quiere lograr, es muy improvisada y de allí el problema con la JNJ”.