El Informante: Colaboración ineficaz, por Ricardo Uceda

Por: Ricardo Uceda

Una lectura de la sentencia que convalida el acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y Odebrecht –ver el documento completo al final de esta nota– revela algo sorprendente. La fiscalía aseguró a la jueza María Álvarez que ignoraba ilicitudes de la empresa distintas a las que confesó. La omisión es incongruente con el hecho de que al momento de la suscripción del acuerdo, el 15 de febrero, se conocían otros delitos no reconocidos en diferentes obras.

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En el punto 92 de la sentencia, páginas 225 y 226, la jueza dice: “Así, advertimos según lo informado por la fiscalía que los hechos en relación a los cuatro proyectos sobre los que versa el presente acuerdo, serían los únicos casos donde fiscalía ha evidenciado sospecha sobre la presunta responsabilidad penal de los colaboradores eficaces (personas naturales y persona jurídica)... ”. Se refiere a Odebrecht y sus funcionarios Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro y Antonio Nostre.

Más que sospechas

Los términos son claros pero a continuación la jueza los aclaró más. Estableció un requisito forzoso para que la empresa reciba pagos de un fideicomiso que concentra todos sus ingresos y permite cubrir la reparación civil. Antes, el Ministerio Público debe informar que “no exista investigación o proceso penal en curso respecto a personas naturales o jurídicas que involucren al ente jurídico Odebrecht por hechos distintos a los que son materia del presente acuerdo”. Por hechos distintos, no por los confesados.

Había más que sospechas en el caso del Gasoducto del Sur, referido ampliamente en los últimos días. Además, funcionarios de Odebrecht están involucrados en una investigación preparatoria por colusión desleal y peculado en la construcción de la carretera San José de Sisa, en San Martín. También en una investigación preliminar sobre corrupción en arbitrajes. La lista es mayor, según palabras del ex coordinador del Equipo Especial Hamilton Castro. Pidió una explicación sobre la falta de requerimientos a Odebrecht por supuestos pagos ilícitos en unos veinte proyectos.

Convenio abierto

En la sentencia se menciona que Odebrecht está haciendo contribuciones informativas en unos 16 casos, a los que identifica. La lista incluye el Gasoducto del Sur, Rutas de Lima, el Club de la Construcción, Westfield Capital, los cocteles de Fuerza Popular, y, entre otras, diversas investigaciones a partidos políticos. Pero la jueza lo dice solo como referencia de que la fiscalía quiere resaltar la voluntad de colaboración de la empresa, y no como un involucramiento de esta en posibles hechos delictivos.

Según el acuerdo, citado por la sentencia, Odebrecht se compromete a entregar a la fiscalía todas las pruebas de los delitos de corrupción y lavado de activos de funcionarios peruanos de cualquier nivel. También consta que el acuerdo permite nuevas admisiones de responsabilidad de Odebrecht, con sus correspondientes beneficios, siempre y cuando la información proviniera de su colaboración espontánea y no de otras fuentes. La forma en que está dicho merece un destaque. Se anticipa la posibilidad de que “investigaciones internas” de Odebrecht identifiquen delitos de la empresa no confesados. En ese caso, deberá comunicarlas a la fiscalía dentro de los siguientes quince días.

La plata de Chaglla

Odebrecht, sin embargo, no parece haber tenido la intención de admitir nuevos delitos. Luego de que, para sorpresa del Ministerio Público, se publicaran evidencias de sobornos en el Gasoducto del Sur, el fiscal superior Rafael Vela anunció que Odebrecht había firmado un documento reconociendo pagos ilícitos en ese proyecto. Se ignoran responsables, montos y situaciones. El documento aún no ha sido filtrado a los medios mejor informados sobre lo que hacen los fiscales de Lava Jato. Será interesante conocer la fecha, y si esta acción forzada es ubicada en la cuenta de confesiones espontáneas de la empresa.

La sentencia ya interrumpió la luna de miel entre Odebrecht y el Equipo Especial, como lo demostró en la noche del domingo el reportaje de Christopher Acosta en Latina TV. La empresa está exigiendo el reembolso de 524 millones de soles correspondientes a la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Según lo pactado, del total de la venta más de mil millones van al Estado para reparación civil y otros conceptos. El resto es para Odebrecht. Pero la sentencia le ató las manos al fiscal Vela, quien se juega el pescuezo si vuelve a decir que Odebrecht no afronta otras investigaciones.

Problemas mayores

Los defensores del acuerdo tenían razón al decir que admite nuevas culpas y reparaciones. Y los críticos también, en tanto debió incluir al gasoducto entre sus prioridades. Por otra parte, es llamativo que Odebrecht no admita el delito de soborno –cohecho– pues claramente lo cometió. Su desaparición del acuerdo excedería las facultades del Ministerio Público. Estas omisiones requieren una explicación pública.

Los fiscales afrontan problemas delicados. Uno de credibilidad, por haber alentado la versión de que el acuerdo abría todas las puertas del conocimiento de la corrupción. Y otro derivado de la rigidez de la ley sobre reparaciones civiles. Son calculadas en función del valor de la obra y no de la colaboración. Odebrecht y las empresas del Club de la Construcción buscarán encubrir la mayor cantidad de delitos, pues buena parte de ellas quebraría si confiesan todos sus pecados. Nadie en el gobierno ha querido admitir francamente que faltaban incentivos. Los fiscales, arropados por la adulación y una alta popularidad, debieron explicar sus limitaciones y no ofrecer el paraíso, al mismo tiempo que sus críticos, casi sin excepción, eran tratados de corruptos.