"Nada de magia hay en el poder de la Junta Nacional de Justicia. Al contrario, es enorme la cuota de realismo que deberá tener para contribuir, junto a la Academia de la Magistratura, a la gran reforma cultural".,Gorki Gonzales Mantilla A la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se le atribuyen poderes mágicos. Casi se ha dicho que con su conformación, la lucha contra la corrupción, la idoneidad de jueces y fiscales e incluso la eficiencia y el orden institucional se mostrarán como propiedades espontáneas de una nueva era. Resulta contradictorio, por ello, que el proyecto del Ejecutivo sobre la Ley Orgánica de la mencionada Junta luzca tanta liviandad y apresuramiento, sin valorar el significado atribuido a esa institución por el discurso oficial. La JNJ debe ser entendida como una herramienta constitucional para contribuir a enfrentar los nuevos desafíos que el sistema de justicia debe asumir hacia el futuro. En su conformación y en sus funciones, la Junta debe incorporarse con intensidad dentro de los preceptos constitucionales que definen el valor de la justicia en una república, contra lo que ocurría en el pasado. Si el marco de la reforma constitucional sobre la JNJ ya es una desafortunada limitación para pensar en lo dicho, el proyecto de ley orgánica ofrece más o peor de lo que teníamos. La selección de los integrantes de la Junta está sometida a un examen de conocimientos sobre la base de un balotario. A esto se reduce el mérito al que se alude desde el principio. Un examen escrito con “balotario” puede servir para obtener la licencia de conducir, pero no para valorar el mérito en este caso. Más bien, es un instrumento que empobrece la valoración de la trayectoria personal de quienes han sido evaluados a lo largo de toda su vida: candidatos con 25 años de experiencia profesional o académica. Un examen de este tipo no puede establecer la competencia de quien lo rinde ni puede ser válido para definir quién debe ocupar un cargo en la JNJ. Se insiste, además, en mantener la ratificación sobre jueces y fiscales, esa institución contraria al principio de la independencia y cuyo origen autoritario ha sido puesto en evidencia por el propio Tribunal Constitucional. En el proyecto se reitera la perspectiva y con más dureza, para que los jueces y fiscales no ratificados, estén impedidos de reingresar a la función. Al revés de lo dicho por la jurisprudencia del TC. El proyecto del Ejecutivo interviene en las leyes de carrera judicial y fiscal sin ninguna razón y deroga varias de sus normas en forma tácita. Lo peor es que no ofrece nada mejor a cambio. Insiste y agrava los errores en materia de selección y evaluación para el ingreso a la carrera. Como en el pasado se legisla sin rigor, desconociendo lo que existe, sin pensar en la necesidad de transformar y mejorar, sin asumir la responsabilidad sobre el resultado. Nada de magia hay en el poder de la Junta Nacional de Justicia. Al contrario, es enorme la cuota de realismo que deberá tener para contribuir, junto a la Academia de la Magistratura, a la gran reforma cultural que permita superar los males crónicos del sistema judicial. Esa debería ser la aspiración real que defina el sentido de su ley orgánica. (*) Jurista – Profesor principal PUCP