“Tiene mucho sentido práctico que Fuerza Popular deje de conducir el Congreso, especialmente si lo hizo desastrosamente mal”.,El Congreso es un campo de batalla donde se combate escaño por escaño, comisión por comisión. Se condensan así varias hostilidades menores por pequeñas hegemonías o por sobrevivencias, aunque la batalla específica por la mesa directiva –el combate más fiero- es distinta a la del año 2000 y al asalto de las minorías parlamentarias que el 2004 y 2015 derrotaron a los gobiernos de entonces. El primer asalto, en noviembre del 2000, fue la conclusión del fujimorismo; la censura de la mesa directiva que presidía Martha Hildebrandt fue una operación saldada rápidamente con la huida de Fujimori a Japón, la vacancia de las dos vicepresidencias y la asunción del gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Luego, las presidencias de Ántero Flores-Aráoz (2004) y de Luis Iberico (2015), fueron el triunfo de las minorías opositoras a Alejandro Toledo y Ollanta Humala, respectivamente, aunque ninguna de ellas intentó liquidar al Ejecutivo. Tiene mucho sentido práctico que Fuerza Popular deje de conducir el Congreso, especialmente si lo hizo desastrosamente mal (sinceramente, el fujimorismo “histórico” lo hubiese hecho mejor). Dejó hace meses de ser mayoría política y ahora está en proceso de dejar la mayoría numérica, una dirección ineludible para un desenlace inexcusable. Desbancado del poder del Congreso, el epílogo de esta derrota está por escribirse porque los desenlaces más increíbles tienen las mismas opciones, incluyendo la implosión que lleve a una elección parlamentaria adelantada. ¿Este escenario es, como aparenta, una pelea de bar donde importan más las patadas que los vencedores y perdedores? Sin reelección y bicameralidad, sin aprobación ciudadana y con los proyectos partidarios a la baja, la pregunta sobre el sentido de esta batalla es provocadora, porque la idea de que esta es la disputa de dos calvos por un peine se relativiza por lo menos por tres atingencias cruciales: 1) desde una óptica estrictamente minimalista, el Congreso debe garantizar la selección de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ); 2) el Congreso ha disminuido su capacidad de frenar los procesos judiciales a la corrupción política y hostigar al Ejecutivo; y 3) en cualquier caso, aun con una crisis operativa a cuestas, tiene la capacidad de aprobar leyes populistas o favorables a intereses contra mayoritarios. Ha terminado la experiencia de un gobierno dividido y lo que viene es un Parlamento extremadamente fragmentado y, por lo tanto, autolimitado; pero, a diferencia con lo sucedido el año 2000, cualquier desenlace favorece al Gobierno de Martín Vizcarra, especialmente si este desea mantener la presión sobre el Congreso sobre la reforma judicial y política. No obstante, el optimismo debe atemperarse si se concluye objetivamente que a este Parlamento no podrá arreársele demasiado. Sea cual fuese su futuro, ya es un Congreso de transición. La división entre un bando reformista y otro resistente a los cambios sería lo mejor que intenten los políticos que quieran impulsar una nueva política radical a partir de los llamados nuevos valores posmaterialistas que ha traído esta etapa, como la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, el enfoque de género en los DDHH, el medio ambiente, los derechos de los consumidores, la prestación de los bienes públicos, la participación política, entre otros. Ello no implica que no se intente legislar sobre las expectativas “tradicionales” de la política peruana, pero la transición que experimenta el sistema obliga a construir una nueva promesa con soluciones de compromiso (trade-off) con una visión de largo plazo donde caben las demandas de cambios constitucionales profundos y un programa de modernización de la economía y la sociedad. Ordenar las prioridades es difícil, sobre todo en un clima corrosivo y tóxico donde la ultraderecha peruana se apresta a librar la batalla por su identidad. Sin embargo, el feminismo, los movimientos sociales, los jóvenes, y la sociedad civil que se abre a las demandas de derechos y libertades son una enorme fuerza llamada a motivar los cambios y llenar el vacío que ya esté aquí. Si no es la hora de un nuevo programa, cuándo.
