Un desenlace previsible

Pues además de una guerra contra los medios independientes, hay una clara guerra en marcha contra la independencia del sistema judicial peruano.

Pues además de una guerra contra los medios independientes, hay una clara guerra en marcha contra la independencia del sistema judicial peruano.

La inconstitucionalidad de la llamada Ley Mulder fue evidente desde el primer momento, y acaba de establecerlo de manera formal el Tribunal Constitucional. Sin duda es una batalla ganada por los medios y la opinión pública. Pero es probable que el TC hubiera votado mayoritariamente en contra aun sin clamor de protesta de por medio.

La ley no solo tenía problemas con la Constitución. También había cuestiones de comunicación del Estado con los ciudadanos en temas de necesidad práctica, como las campañas de salud o la información sobre trámites. La socarrona invitación a que el gobierno avise en redes o en sus propios órganos no resistía el menor análisis.

Todo lo anterior lo hubiera advertido a tiempo el consejo de abogados eficientes. Pero al parecer el propósito era lanzar la Ley Mulder como una reacción a la postura independiente de varios de los principales medios del país, y en esa medida una clásica advertencia política. Evidentemente no tuvo efecto, e incluso les resultó contraproducente a sus promotores.

El congresista Mauricio Mulder se dio el gusto de denostar de los miembros del TC (“rastreros”), y de hacer notar que ya están de salida. De paso anunció, seguramente con sangre en el ojo, un nuevo proyecto para recortar la actuación del gobierno, esta vez en el rubro consultorías y asesorías. Debemos entender que será igual de polémico.

De paso aprovechó Mulder para reprocharle a los vocales del TC haber actuado con independencia luego de haberle pedido el voto para llegar al cargo. Hay en este reproche una visión particular de lo que significa el nombramiento de funcionarios en el Congreso, y un transparente anuncio de lo que podría ser el próximo TC.

A la derogatoria de la ley le va a seguir un nuevo juego de normas para la publicidad del Estado en medios. Ya existe uno, establecido bajo el segundo gobierno del Apra, que venía funcionando sin mayores contratiempos. Es de esperar que el nuevo juego de normas no sea simplemente una manera de sacarle la vuelta al dictamen del TC, práctica socorrida en estos días.

Pues además de una guerra contra los medios independientes, hay una clara guerra en marcha contra la independencia del sistema judicial peruano.

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