Sin embargo, el fracaso más sonado se evidencia por el creciente número de policías sancionados con el retiro de la institución debido a la corrupción.,El desafío más importante de un país que se resiste a caer al precipicio del Estado mafioso es el funcionamiento del sistema y su entramado de leyes, hallazgos, procedimientos y sanciones, acompañados con insistencia de una política de prevención. Lamentablemente, salvo muy contadas excepciones, las partes de ese sistema han dejado de funcionar. Empecemos por el reclutamiento de agentes estatales que lucha contra el delito. Los audios recientes reportan que gran parte del nombramiento de magistrados por el CNM fue en los últimos años una operación irregular que ha dejado un agujero grande, agregado al sistema “colaborativo” que implica la designación de magistrados provisionales, supernumerarios y funcionarios administrativos. Sin embargo, el fracaso más sonado se evidencia por el creciente número de policías sancionados con el retiro de la institución debido a la corrupción. Según la Inspectoría General de la PNP, entre los años 2011 y 2015 se incrementaron estos retiros, pasando de 300 a 905. En ese período de tiempo abandonaron la PNP por corrupción 2.081 efectivos. El fracaso del reclutamiento policial es tan categórico que en mayo de este año se anunció que se cerrarán 14 de las 27 escuelas de policías, luego de documentarse que por lo menos 11 bandas desbaratadas entre el 2016 y 2017 contaban con miembros de la PNP. Tampoco ha funcionado la prevención. El ejemplo más caracterizado quizás lo brinde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) creada hace 8 años como una coalición de instituciones públicas y privadas con el propósito de articular esfuerzos y políticas de mediano y largo plazo para prevenir y combatir la corrupción. La CAN, operativamente a cargo de personas de innegable probidad, tanto el año 2014, cuando el caso del Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y ahora mismo, luego de 40 días de estallido de los audios, no ha podido formar un consenso en favor de un proceso movilizador contra la corrupción. La CAN ha propiciado con acierto la elaboración de los planes sectoriales de lucha contra la corrupción. Sin embargo, de acuerdo al Informe Defensorial Nº 176, de la Defensoría del Pueblo, de marzo del año 2017, la revisión de los planes sectoriales anticorrupción concluyó que su cumplimiento era escaso, en un porcentaje del 45% y que otro 5% de actividades se cumplían fuera de la fecha programada. Más preocupante aún, se reportó que la mayoría de planes se elaboraban por rutina, sin consulta y sin participación; y que los indicadores de los planes no permitían evaluar el resultado de las acciones porque no medían aspectos relevantes de la corrupción. Asimismo, desde hace tiempo se constata marcados fenómenos de impunidad frente a redes corruptas que toman el espacio del Estado, y que solo pueden ser desarmadas luego de un hito violento o espectacular, una constante que indica que sin un asesinato sonado (como el de Ezequiel Nolasco en Áncash) o una revelación de envergadura (como los audios actuales), el sistema se inhibe porque las instancias decisorias están tomadas por el delito –el caso de la fiscalía respecto de la red criminal de Áncash– o porque la organización criminal tiene un pacto de silencio que incluye a medios de comunicación, que es el caso del grupo Orellana, que buscó aislar a los periodistas que lo combatían. La mayoría de redes corruptas nacionales continúan operando, al igual que las redes locales. Solo habría que imaginarse la alianza entre crimen y justicia que han tejido las redes en los 14 distritos judiciales infiltrados por las mafias, revelado por el nuevo presidente del Poder Judicial. Es obvio que el sistema está dejando de funcionar. No debe extrañarnos por ello que el año pasado, los recluidos por corrupción representaban apenas el 1% de la población penal, es decir, 543 personas; que solo el 50% de ellas tenía sentencia; que, por cada 100 procesos en trámite, solo 2 personas estaban privadas de su libertad; y que, de más de mil carpetas de control remitidas por la Contraloría en los últimos años a las fiscalías en todo el país, un bajo porcentaje se convirtieran en procesos. http://juandelapuente.blogspot.pe
