Ejecutivo envía dos proyectos más de reforma judicial

Alcances. Plantean la creación del Sistema Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos y Delitos Conexos; así como incentivar la probidad de la abogacía.

Alcances. Plantean la creación del Sistema Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos y Delitos Conexos; así como incentivar la probidad de la abogacía.

Como parte de los proyectos anunciados por el presidente Martín Vizcarra en su discurso por 28 de julio, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso dos iniciativas más para reforzar la lucha contra la corruptela y la deshonestidad.

La primera de las propuestas plantea la creación del Sistema Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos y Delitos Conexos. Esta, según se informó desde Palacio de Gobierno, necesita la modificación de una serie de artículos incluidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Se trata del Proyecto de Ley 3165-2018-PE, que crea este sistema especializado a través de una Fiscalía Suprema Anticorrupción.

MODIFICACIONES

En ese sentido, le iniciativa elaborada en Palacio de Gobierno modifica el artículo 81 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en lo que concierne a las competencias de los fiscales supremos.

Según el proyecto, del grupo de fiscales supremos, dos deberán atender asuntos penales; uno verá los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos; uno se dedicará a los asuntos civiles; y, finalmente, otros dos tendrán a su cargo los procesos contenciosos-administrativos, de acuerdo con sus especialidades.

También habrá un fiscal supremo penal militar policial para temas que tengan que ver con esa área.

Asimismo, se señala que el Sistema Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción estará integrado por la Fiscalía Suprema Anticorrupción (que tiene competencia nacional) y por las fiscalías superiores y provinciales especializadas en cada distrito fiscal.

PROBIDAD

El segundo proyecto enviado por el Ejecutivo es el N° 3164-18-PE, que tiene el objetivo de “incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía”.

Según se explica en los considerandos, la transgresión de los principios éticos por los malos abogados “mella gravemente la confianza de la sociedad en el Estado Constitucional de Derecho y la justicia”.

Por esa razón, el texto insiste en la necesidad de que el trabajo de los abogados se sostenga sobre principios morales y éticos.

Así, se sostiene que a los ciudadanos les asiste el derecho de denunciar la conducta funcional de los abogados cuando lo consideren necesario.

Esto, a través de las vías correspondientes: administrativa, civil, penal, laboral y disciplinaria. Se añade, además, que no es un requisito hacer referencia expresa al tipo de infracción o artículo transgredido.

ÉTICA PROFESIONAL

El proyecto del Ejecutivo incluye artículos referidos a la ética profesional. Señalan la necesidad y la importancia de promover y difundir valores, principios y buenas prácticas entre los abogados.

Esta misión corresponde llevarla a cabo a las universidades del país –tanto públicas como privadas– y a la Academia Nacional de la Magistratura.

Por su parte, se indica que los Colegios de Abogados deben promover y asegurar el ejercicio ético y responsable de sus colegiados, conforme a la función pública que la Constitución determina.

Como Disposiciones Complementarias Transitorias, se dispone que las Facultades y Escuelas de Posgrado que dicten programas de Derecho tienen un plazo de dos años –contados a partir de la entrada en vigencia de la norma– para implementar las medidas que han sido detalladas. En tanto, los Colegios de Abogados dispondrán de un período de un año para adecuarse.

A Servir le tocará la responsabilidad de emitir la normativa necesaria para la implementación de la ley en el sector público, todo en un plazo máximo de seis meses.

Está en manos del Congreso debatir y aprobar estos proyectos con la debida celeridad. 

DATOS

  • ENTREGA. El 2 de agosto, el Ejecutivo envió al Congreso el primer paquete de reformas del sistema de administración de justicia.

  • REFORMAS. Entre ellas envió el proyecto de reforma constitucional sobre la elección del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

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