Expresidente regional y su entorno de exfuncionarios serán enjuiciados por supuestamente beneficiar a una empresa española para que haga los estudios de la vía Arequipa-La Joya.,Han pasado cinco años desde que el ingeniero civil y especialista en diseños de puentes, Jack López, denunció el favorecimiento a una empresa española, Consorcio Ingeniería Arequipa La Joya, para que gane la buena pro para los estudios del proyecto autopista Arequipa-La Joya. La obra la impulsaba el Gobierno Regional de Arequipa y según López había una suerte de colusión entre los funcionarios regionales y los empresarios. Hoy, el expresidente regional Juan Manuel Guillén Benavides y 16 sus funcionarios son procesados por el delito de colusión agravada. PUEDES VER: En calle céntrica de Arequipa asesinan de puñaladas a varón [VIDEO] La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos entre 5 y 8 años de cárcel, por los mismos argumentos que López denunció en 2013. En los próximos días el Poder Judicial emitirá notificaciones indicando el inicio del juicio. Las pruebas que esgrime la Fiscalía en contra del expresidente regional y sus funcionarios constan en comunicaciones vía e-mail, llamadas telefónicas y otros documentos de gestión que había un acuerdo para favorecer a los españoles. Se estima un perjuicio económico de 3 millones de soles al Estado. La República conversó con Juan Manuel Guillén, quien nos recibió en su domicilio. Explicó que para acusarlo de colusión agravada el Ministerio Público primero debe demostrar la existencia del daño patrimonial contra el Estado. El expresidente regional aseguró que la Fiscalía no presentó ningún peritaje que demuestre que el pago efectuado por los estudios, de 9 millones 900 mil soles, esté por encima del promedio del mercado. En cuanto a las comunicaciones entre miembros del consorcio y sus hombres de confianza, Guillén indicó que no existe ninguna participación suya porque no contestó ni recibió correo alguno de esos supuestos acuerdos. "Eran comentarios (los e-mails) que hacían entre integrantes del consorcio y alguno de ellos con asesores del gobierno regional. En uno de esos me mencionan con un saludo o una supuesta comida, pero nunca recibí ni contesté ninguno", aclaró. Guillén también objetó el hecho que la Fiscalía los acuse de ponerse de acuerdo para favorecer al consorcio, pues no fue el único grupo que se presentó para diseñar el proyecto. Recordó que al final del proceso existió otra empresa que obtuvo un mayor puntaje pero que no presentó una declaración jurada donde se comprometía a realizar mejoras en el proyecto y por eso perdió. La Fiscalía desbarata la afirmación de Guillén al sostener que en las conversaciones por correo electrónico se le daba carta libre a miembros del Consorcio Ingeniería Arequipa – La Joya para que elijan los Términos de Referencia (TdR), las bases del proceso de licitación de los estudios. Las comunicaciones se hicieron varios días antes que se lance la convocatoria a fines de 2012. Este hecho es indebido, pone en desventaja a los demás concursantes. Es como si a un alumno se le estaría dando las respuestas adelantadas del examen. El caso está en manos de la fiscal provincial anticorrupción, Marita Cueva Ojeda. Cueva sostuvo que por más que hubiera otros postores, el Consorcio puso requisitos difíciles de cumplir para otras empresas. Uno de ellos, experiencia en el diseño de puentes. Al tener a López, experto en este tema, eran puntos a su favor. El consorcio estaba integrado por las empresas españolas Clotos, Epypsa y la empresa del ingeniero civil Jack López. Este último fue el primero en denunciar las irregularidades en el 2013, meses después de la entrega de la buena pro. Juzgado de Paucarpata Pese a ser un caso complejo que involucra a varios exfuncionarios regionales, el juicio será encargado a un juzgado unipersonal de Paucarpata. El Ministerio Público considera que este tipo de procesos deben contar con un juzgado anticorrupción. La fiscal Marita Cueva también es la encargada de investigar al congresista Sergio Dávila y debe viajar a Camaná para ver el proceso, por la ausencia de un juzgado especializado.
