Fiscal acusa a la red Orellana de sobornar al exjefe de la Sunarp

Identifican a 23 integrantes del “área de saneamiento” y cómo lograron inscribir 47 títulos falsos en Registros Públicos. Piden ocho años de prisión para el exsuperintendente Delgado Scheelje y 18 años para registrador Guzmán Molina.,La red del abogado Rodolfo Orellana tenía un área y archivos electrónicos, similares al sector de “operaciones estructuradas” de Odebrecht, para el registro, control y pago de los sobornos a funcionarios públicos. En el caso Orellana este sector se denominó “área de saneamiento” y funcionó al interior del estudio jurídico Orellana. Además, según se señala en la primera acusación que presentó la Fiscalía ante el Poder Judicial contra la red Orellana, todos los pagos y la actividad delictiva de esta área se registraron en un documento Excel nombrado: “archivo bóveda”. PUEDES VER Red Orellana: Fiscalía presenta acusación contra 23 implicados en caso Sunarp Se trata de un documento en el programa Excel que fue entregado a la Fiscalía por un colaborador eficaz y que hoy es el principal sustento probatorio de la acusación penal presentada por el fiscal supraprovincial, Elvis Suárez Ferrer, contra los integrantes del “área de saneamiento” y funcionarios de la Sunarp que habrían recibido pagos ilícitos. Asociación ilícita De acuerdo con los registros del denominado “archivo bóveda” y las declaraciones de dos colaboradores eficaces y ocho testigos en reserva, el “área de saneamiento” empezó a operar entre enero y febrero del 2009. Esta organización fue liderada por Ludith Orellana Rengifo e integrada por personas de amplio conocimiento en derecho registral, notarial y municipal. Sus primeros miembros fueron Patricia Rojas Rocha, Katherine Díaz Berrú, Sandy Cosio Hohagen, Carla Cruzado Crisólogo, Eyner Flores Ramos y Jesús Verde Aguirre. Su objetivo principal era lograr inscribir en Registros Públicos los falsos títulos que les permitían sanear los inmuebles de interés de la organización, como un terreno del hospital Hermilio Valdizán, para poder venderlos como si ellos fueran los propietarios del predio. Sunarp Según la Fiscalía, uno de los funcionarios que fue captado y habría recibido pagos de esta asociación criminal fue el mismo superintendente de la Sunarp, Álvaro Delgado Scheelje. Otro fue el registrador público Pedro Guzmán Molina, a cargo de la sección 77 de la Sunarp. A través de Delgado también agregaron a su planilla al ingeniero de sistemas Wilfredo Jesús Núñez Peña. De esta manera, cuando el “área de saneamiento” tenía listo un falso título, lo presentaba a la mesa de partes de los Registros Públicos, e inmediatamente Ludith Orellana llamaba por teléfono o email a Delgado Scheelje para lograr que Núñez Peña direccione ese expediente a la sección 77. Cuando Delgado dejó Registros Públicos el 2011, la organización contactó a Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, quien si bien no trabajaba en la Sunarp, tenía los contactos para lograr que los practicantes de mesa de partes sigan direccionando los falsos títulos a la oficina de Guzmán Molina. Bajo sospecha Con base en el “archivo bóveda”, las declaraciones de los colaboradores y los registros de llamadas telefónicas, la Fiscalía ha podido reconstruir la forma y circunstancia en que se direccionaron 47 títulos irregulares a la sección 77. Cada título aparece registrado en el “archivo bóveda”, junto a los desembolsos de dinero que se hacían para Delgado y Guzmán Molina. Según los colaboradores, los pagos se entregaban en sobre de manila en efectivo, en la casa u oficina de los mencionados funcionarios. Las penas van de 4 a 18 años de prisión - El fiscal Elvis Suárez ha presentado una interesante innovación en el caso de la red Orellana en la Sunarp: presentó una acusación directa, con base en la indagación preliminar. Es decir, no pasó por investigación preparatoria, por primera vez en un caso de corrupción. - La Fiscalía ha pedido penas que van desde 4 hasta 18 años para 23 integrantes del “área de saneamiento” y funcionarios de la Sunarp por asociación ilícita y cohecho activo. - Para el registrador público Pedro Guzmán pide 18 años y ocho meses de prisión; para el exsuperintendente de Sunarp Álvaro Delgado, ocho años; para Carlos Vargas-Machuca, cinco años y para la cabecilla Ludith Orellana y sus principales operadoras, Patricia Rojas y Katherine Díaz, 13 años y ocho meses de prisión. Más S/ 10 millones de reparación civil.

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