Lo que aún no sabemos es cuán lejos irá el Congreso en la ampliación de este régimen de “cholo barato” a otros sectores productivos.,La discusión actual acerca de la prórroga (o no) de la Ley 27360 del año 2000 –que otorga beneficios tributarios y laborales excepcionales al sector agrario- forma parte del pedido de facultades que el Ejecutivo le ha solicitado al Congreso y ha suscitado un fuerte debate entre el sector empresarial y el laboral. No solo eso: en el Poder Ejecutivo no hay claridad sobre el tema y podemos estar ad portas de profundos cambios en el régimen laboral. Vamos por partes y veamos primero un caso concreto de la misma época: el proyecto Camisea. En el Perú no había producción ni consumo importante de gas natural a fines de los 90. Para extraer el gas del Lote 88 en la selva, traerlo a Lima y construir las redes de ductos se necesitaban inversiones importantes. El problema: con la legislación vigente no había la rentabilidad suficiente. Por ello, el proyecto se licitó con los siguientes incentivos tributarios: depreciación acelerada en 5 años (en lugar de 10 ó 20 años); pago de aranceles en 14 semestres (no de inmediato); recuperación inmediata del IGV de importaciones de equipos y compras locales (ya no cuando la inversión está terminada). El gasoducto tuvo la Garantía de Red Principal (pagamos tarifas eléctricas más altas). Además, el Estado le garantizó al productor la compra de una cantidad de gas, sí o sí, para garantizarle desde el saque un flujo de ingresos. Eso hizo rentable la inversión y el gas llegó a Lima en 4 años. A partir de allí, el Consorcio Camisea del Lote 88 caminó solo y no tuvo más incentivos (caso muy distinto es el Lote 56 y la exportación del gas, que no tocamos en este artículo). Ahora ya hay un consumo importante en Lima: gas para centrales térmicas, la industria y el comercio, Gas Natural Vehicular, conexiones de gas a las casas (aunque mucho menos de lo necesario). Conclusión: ya no se necesitan muletas. Con la Ley 27360 del 2000 hay cosas parecidas: si bien las empresas agro exportadoras habían comenzado su desarrollo con la apertura del mercado de EEUU (ATP-DEA) y de la Unión Europea (Sistema Generalizado de Preferencias) podría decirse que necesitaban incentivos para crecer y hacerse fuertes. Eso hizo la 27360. Bajó el impuesto a la renta del 30 al 15%. En lo laboral, pagan 12 sueldos, tienen 15 días de vacaciones y el jornal incluye la CTS y las dos “gratis”. Además, el empleador paga 4% a Essalud y no el 9%. Este régimen especial ha tenido efectos positivos para los empresarios: en el 2017, Camposol, Virú, Danper Trujillo y Drokasa exportaron 243, 167, 151 y 107 millones de dólares. Empresas como Danper, Agrícola Virú y Gandules obtienen prestamos de la Corporación de Inversiones del BID. Agreguemos que, según la SUNAT, en el 2017 se dejó de recaudar S/. 250 millones de impuesto a la renta. Pero no sucede lo mismo con los trabajadores. Dice el Ministro de Trabajo Fernando Cuadros: “de las 1,200 empresas acogidas a la 27360, 15 de ellas (el 1.2%) concentraban el 42% de los trabajadores al 2008, elevándose al 49% de los trabajadores al 2017. Hay una alta concentración de personas en pocas empresas" (La República, 27/05). A eso se suma que los contratos son temporales (según la siembra o la cosecha) y los jornales son bajos. Por tanto, es hora ya de un balance. La pregunta es: ¿cuáles son las empresas que ya están consolidadas y deben dejar la 27360 y cuáles son las nuevas que quizá lo necesiten? Esa debiera ser la discusión. Puede ser un umbral de ingresos por ventas, combinado con las utilidades. O algún otro indicador a discutir. Lo que no se debe hacer es ampliar este régimen “temporal”: la empresa “naciente” tendría 42 años. Insólito. Así, la prórroga podría parecer un debate “técnico” pero no lo es. Se trata del futuro del régimen laboral en el país. A la 27360 se le sumaron todas las azucareras (Tumán, Cartavio, Laredo, Casa Grande, Pucalá, Paramonga) y el MEF ha planteado que ahora también se incluya el sector acuícola y forestal. De su lado, el sector textil también quiere acogerse a este régimen. Lo preocupante es que el Poder Ejecutivo no sabe bien qué hacer. Cuando hubo las primeras críticas, se dijo que ya no iría en el pedido de facultades. Pero el lunes el Presidente Vizcarra dijo: “la 27360 ha ayudado mucho al régimen agrario y debe haber una extensión”. Ya lo hemos dicho: sí ayudó mucho, pero, ¿acaso su vigencia tiene que ser “perpetua”? Agregó el Presidente: “la decisión debe tomarla el Congreso”. Esa frase revela toda la fragilidad del gobierno (¿gobierna?), sobre todo cuando sabemos que José Chlimper, promotor de la 27360 en el 2000, es integrante de Fuerza Popular y actual impulsor de su prórroga al 2042, objetivo en el que coincide con el Ministro de Economía, David Tuesta. Si la decisión se le deja al Congreso ya sabemos cuál será el resultado. Lo que aún no sabemos es cuán lejos irá el Congreso en la ampliación de este régimen de “cholo barato” a otros sectores productivos. Eso es lo que se nos viene.
