Esterilizaciones forzadas: fiscal dispone denunciar a Alberto Fujimori

Fiscal superior Luis Landa resolvió queja por archivamiento parcial del caso y también ordenó denunciar a los exministros Marino Costa, Eduardo Yong y Alejandro Aguinaga.

Fiscal superior Luis Landa resolvió queja por archivamiento parcial del caso y también ordenó denunciar a los exministros Marino Costa, Eduardo Yong y Alejandro Aguinaga.

Las violaciones cometidas durante las esterilizaciones forzadas persiguen a Alberto Fujimori. El fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar al exdictador y sus exministros como autores mediatos del crimen en mención.

Según dio a conocer la organización DEMUS, el representante del Ministerio Público resolvió una queja interpuesta contra el archivamiento parcial de las denuncias, incorporando en su disposición a los extitulares del Minsa Marino Costa, Eduardo Yong y Alejandro Aguinaga.

A estos últimos, Landa ordena procesarlos como co-autores por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y 2164 mujeres que aparecen en la denuncia fiscal. 

El recurso de queja resuelto fue interpuesto por las víctimas en diciembre del 2016 contra la resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez, ello para que en una segunda instancia se pueda atender la continuidad del proceso por los actos cometidos en los años 90.

Gutiérrez, como se recuerda, decidió archivar hace dos años, el 7 de diciembre, 77 denuncias de mujeres esterilizadas contra su voluntad al no hallar responsabilidad que involucre a Fujimori y sus exministros de Salud, pese a las evidencias presentadas.

De acuerdo a DEMUS, en la resolución del fiscal superior Landa también se dispone denunciar al exdirector general de la Región Salud IV de Cajamarca, Segundo Henry Aliaga Pinedo, y otros coautores mediatos por lesiones graves. 

“El fiscal Landa marca un hito en la lucha contra la impunidad al destacar que la política nacional de esterilizaciones forzadas en agravio de miles de mujeres quechuahablantes, campesinas, indígenas y nativas en extrema pobreza, perpetró graves violaciones a los derechos humanos”, destaca la institución feminista en un pronunciamiento. 

DEMUS exhorta en atención a esta resolución, que Marcelita Gutiérrez continúe con la investigación y las diligencias correspondientes con la celeridad debida para sancionar a los responsables que ejecutaron el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

“Las 2166 mujeres que interpusieron denuncia hace 15 años ante el Ministerio Público han obtenido con su valentía y persistencia, un avance en su derecho a Justicia, logrando que ahora el caso pase a investigación judicial”, subrayan. 

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