Pena máxima. Condenas por los delitos que habría cometido el ex gobernador regional suman 123 años de prisión. También fueron acusados Martín Belaunde y los ex congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo. En total, 60 acusados irán a juicio.,La máxima pena de cárcel que permita la ley. Esto es lo que pide la fiscalía para el ex presidente regional de Áncash César Álvarez Aguilar y otras 59 personas que habrían integrado una organización ilícita que se benefició con los fondos públicos de dicha región. El fiscal Elmer Chirre presentó la acusación por el caso conocido como ‘La Centralita’ ante el juzgado de investigación preparatoria, a cargo de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho. El documento consta de 6.015 páginas en las que se describen los actos ilícitos que habría cometido Álvarez y sus colaboradores, la pena aplicable en cada caso y para cada uno de los involucrados y las pruebas que sustentan cada caso. PUEDES VER La Centralita: Fiscalía pide 30 años de cárcel contra César Álvarez La entrega de la acusación comenzó el martes último y continuará hoy. Junto a la acusación se presentan 1.973 tomos que suman más de 356 mil folios o páginas. El Poder Judicial exigió a la fiscalía que presente una copia impresa de la voluminosa acusación, para cada uno de los acusados. Las penas Si en el Perú las penas se sumaran como en Estados Unidos, la fiscalía pediría una pena total para César Álvarez de 123 años de prisión, por ocho hechos delictivos. Pero en nuestro país eso no es posible. La sumatoria de penas tiene dos límites: 35 años de cárcel o el doble de la pena del delito más grave. Álvarez y los otros 59 procesados son acusados de delitos de asociación ilícita, violencia a la autoridad, colusión, peculado, encubrimiento y lavado de activos. El delito más grave es lavado de activos, 15 años de prisión. Así, la más grave en una sumatoria es 30 años. La fiscalía pide que el ex presidente regional de Áncash reciba una condena de 17 años de prisión por asociación ilícita, 15 años por violencia y resistencia a la autoridad, 5 años por colusión, 10 años por peculado y cuatro condenas de 18 años y 9 meses por cuatro hechos de lavado de activos. Pero con los límites de la ley, el pedido alcanza 30 años de prisión efectiva. Junto a él, se presentó acusación penal contra los ex congresistas Heriberto Benítes, 22 años de prisión (12 por asociación ilícita, 10 por violencia a la autoridad y 8 por encubrimiento) y Víctor Crisólogo Espejo, 22 años de cárcel (12 por asociación ilícita y 10 por violencia a la autoridad). Además, al ex jefe de gestión electoral de la ONPE José Luis Cavassa Roncalla, 30 años; el ex alcalde del Santa Luis Humberto Arroyo, 25 años; el ex gerente de infraestructura del gobierno regional de Áncash Dirse Valverde Varas, 24 años, y el empresario Martín Belaunde Lossio, 22 años de prisión. La fiscalía incluye en la acusación a las empresas Ilios Producciones, Nueva Corporación del Norte, A&E Ancash Telecomunicaciones y Constructora Nolberto Odebrecht. Se pide la disolución de las tres primeras empresas involucradas en el delito de lavado de activos. Al concluir la entrega, la jueza deberá notificar la acusación y programar la audiencia de control de acusación. También se comprende a Odebrecht - La acusación presentada por el fiscal supraprovincial anticorrupción Elmer Chirre se sustenta en la declaración de 9 colaboradores eficaces, 14 testigos protegidos, cientos de documentos contables, el historial de cuentas bancarias intervenidas, contratos y diversos peritajes. - En ‘La Centralita’ se incluye a la constructora Odebrecht por los pagos realizados para el contrato de construcción de la carretera Chacas-San Luis, vía depósitos bancarios efectuados en bancos de China, repatriados al país. - La fiscalía establece que en Áncash funcionó un centro de espionaje de opositores políticos y periodistas que fue financiado con fondos sustraídos del Gobierno Regional de Áncash. - El fiscal solicitó al juzgado que disponga el impedimento de salida del país para los acusados que se encuentren en libertad, a fin de asegurar su comparecencia al próximo juicio público.
