En la principal fuente de alimentación que tienen descubren peces con petróleo en sus agallas. ,Los dos derrames de petróleo que ocurrieron en los años 2014 y 2016 en la comunidad San Pedro, distrito loretano de Urarinas, afectaron fuentes de agua y suelos. El crudo fue recuperado por Petroperú pero la contaminación no fue remediada. Una capa de grasa negra permanece en las cochas convirtiéndolas en no aptas para la pesca, insumo principal en la alimentación de los pobladores kukamas de la cuenca del Marañón. “Antes del 2014 teníamos cochas limpias, pescábamos para alimentarnos y también para vender. Ahora estamos afectados, es una maldición. No podemos pescar en el mismo canal de flotación del oleoducto que era como una piscina. Tenemos desconfianza en comer el pescado que hay ahí porque tiene sabor a plástico. Nos vemos obligados a comprar pescado enlatado o pescar en cochas muy lejanas porque no tenemos plata para comprar todos los días”, dijo con molestia el apu de la comunidad San Pedro, Humberto Iñape Vásquez. La fuga de crudo del año 2014 en el kilómetro 20 del Oleoducto Nor Peruano afectó el agua y la vegetación en las quebradas de Sapuchán y Pumayarinal y las cochas de Tiwinza y Tabacal. Dos años después, en noviembre del 2016, se produjo otro derrame, esta vez en el kilómetro 15 donde se vertieron 514 barriles. El 13 de julio pasado, la comunidad detectó el afloramiento de petróleo en los dos sitios, hecho que fue inmediatamente comunicado a los funcionarios de Petroperú. Iñape Vásquez señala que la empresa estatal aún no les ha respondido. Los comuneros exigen a las autoridades competentes que se inicien las acciones de remediación para lo cual existe un fondo de contingencia creado en el año 2015 por un monto de 50 millones de soles. En aquella oportunidad se priorizó 23 sitios afectados dentro del Lote 192, ex 1AB. Los comuneros de San Pedro exigen celeridad y quieren ser los siguientes en ser atendidos. Ellos también han recurrido a las autoridades del Ministerio Público. Lo hicieron en el año 2015 y la primera audiencia pública en la fiscalía de Nauta recién se ha ejecutado el 28 de junio del presente año. “Esperamos que nuestros derechos sean respetados”, reclamó el apu de San Pedro.
