La ruta de la represión y el dinero que sostiene al régimen de Daniel Ortega
EN EXCLUSIVA. Un reciente reportaje liderado por la unidad de investigación del Washington Post relata cómo, a medida que la represión en Nicaragua se intensificaba a manos de la policía y a pesar de las denuncias por crímenes contra los derechos humanos, un banco de desarrollo de financiamiento multilateral mantuvo el flujo monetario al régimen orteguista.
(*)Por Desmond Butler, Paulina Villegas y Erin Patrick O’Connor
Algunos de los documentos del gobierno nicaragüense examinados por The Post fueron proporcionados por Expediente Público, una organización de noticias sin fines de lucro en Centroamérica.
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En la mira. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha destinado recursos de los países donantes para que la policía, que ha cometido crímenes de DDHH, se financie.
Un banco de desarrollo internacional proporcionó cientos de millones de dólares en financiamiento al Gobierno de Nicaragua, incluso cuando las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos documentaron asesinatos generalizados, tortura y exilio forzado de opositores al Gobierno, según una investigación de The Washington Post.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), financiado en gran parte por Gobiernos democráticos, incluidos Estados Unidos, Taiwán y Corea del Sur, prestó US$2,65 mil millones a Nicaragua entre 2018 y 2022, principalmente para proyectos de infraestructura y medio ambiente.
Durante esos años, Nicaragua cayó en una represión violenta. No obstante, luego de analizar los registros del Gobierno nicaragüense y del banco, así como realizar entrevistas con funcionarios actuales y anteriores del BCIE y exministros del Gobierno nicaragüense, se encontró que, incluso después de la extensa documentación sobre abusos a los DDHH, parte del financiamiento también fluyó hacia los principales perpetradores: la policía nicaragüense.
El préstamo del banco a Nicaragua aumentó de US$365 millones en 2018, el año en que comenzaron los asesinatos y arrestos masivos, a un pico de US$805 millones en 2021, cuando el presidente Daniel Ortega detuvo a decenas de disidentes políticos y aspirantes presidenciales, expulsando a muchos de ellos del país y confiscando sus propiedades.
Uno de esos candidatos, Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Finanzas y Crédito Público de Nicaragua, dijo que los préstamos del BCIE después de 2018 fueron esenciales para la economía nicaragüense, porque otros bancos de desarrollo internacional en gran medida habían reducido su participación o dirigido sus fondos directamente a organizaciones no gubernamentales. En 2019, el presupuesto del Gobierno fue de US$3,5 mil millones, según una estimación del World Factbook de la CIA.
Exprisionero. Juan Sebastián Chamorro, quien fuera candidato presidencia, fue apresado por ser considerado terrorista e incitador de injerencias extranjeras en asuntos internos, tras el triunfo de Ortega.
“El BCIE se convirtió en la principal fuente de financiamiento para obras públicas”, dijo Chamorro, un opositor de Ortega que es investigador visitante en la Universidad de Notre Dame. Señaló que los préstamos del BCIE representaban una porción considerable del producto interno bruto de Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio occidental después de Haití.
Chamorro, junto con otros cinco aspirantes presidenciales, fue arrestado antes de las elecciones del 2021. Fue encarcelado durante 20 meses antes de que el Gobierno nicaragüense accediera a ponerlo en un avión hacia Washington, junto con otros 221 disidentes.
El Post también descubrió que entre 2018 y 2020, la Policía Nacional de Nicaragua, el principal instrumento de la violencia gubernamental de Ortega, utilizó fondos del BCIE para construir o renovar al menos 19 comisarías en todo el país, comprar sistemas de radio y comunicación, y ayudar a construir un centro de datos en la sede de la policía, según documentos publicados por el Gobierno.
Un documento muestra que en el punto álgido de la represión en 2018, cuando decenas de manifestantes fueron asesinados a tiros o arrestados, el BCIE y la policía lanzaron una licitación para comprar autobuses y botes para, supuestamente, “garantizar la movilización de fuerzas policiales y fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional”.
Para mala suerte de la institución gubernamental, la policía no pudo encontrar vendedores para cumplir con el pedido, según funcionarios del BCIE.
Según informes de la ONU, el Departamento de Estado de los EEUU, la OEA y grupos de DDHH que persisten en Nicaragua, durante las manifestaciones por recortes en el gasto social que ocurrieron en la primavera del 2018, francotiradores dispararon contra civiles desarmados y arrestaron a médicos que atendían a los heridos en las protestas. Asimismo, oficiales enmascarados desaparecieron a ciudadanos, quienes luego fueron hallados muertos, sin órdenes judiciales ni fiscales.
Las posiciones institucionales
Dante Mossi, presidente del BCIE de 2018 a 2023, defendió el financiamiento del banco al Gobierno nicaragüense.
“No le corresponde al presidente del banco juzgar si un país es lo suficientemente democrático o no para recibir préstamos del BCIE”, dijo Mossi en una entrevista desde Honduras en marzo. “Ese no es mi mandato”, agregó.
Sin embargo, la nueva presidenta del BCIE no comparte esa opinión. En una entrevista con The Post, Gisela Sánchez Maroto dijo que el banco está revisando todos los préstamos aprobados en los últimos 10 años e implementando nuevas políticas contra la corrupción y a favor de los DDHH.
En esa línea, cuando se le preguntó sobre los préstamos otorgados a la policía sindicada como autor mediato de torturas y homicidios, Sánchez Maroto no tardó en expresar su pesar.
“Quiero asegurarme de que algo como lo que sucedió no vuelva a suceder”, dijo.
El Gobierno nicaragüense no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico a funcionarios en Managua, la capital. Al respecto, vale agregar que Ortega ha minimizado repetidamente la violencia policial y ha calificado la represión de 2018 como una respuesta a un intento de golpe patrocinado por EEUU.
El salvavidas multianual del BCIE a la economía nicaragüense se dio cuando un grupo de expertos en DDHH encargados por la ONU concluyó que el Gobierno, dirigido por Ortega, su esposa y otros altos funcionarios gubernamentales, había convertido a Nicaragua en un estado policial.
“Estas violaciones y abusos están siendo perpetrados de manera generalizada y sistemática por razones políticas, constituyendo los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución motivada políticamente”, dijo el presidente del grupo de la ONU, Jan Simon, en un comunicado cuando se publicó el informe el año pasado. “La población nicaragüense vive con miedo de las acciones que el propio Gobierno puede tomar contra ellos”.
El grupo de la ONU actualizó sus hallazgos en febrero y dijo que las violaciones de derechos humanos de ese nivel continúan. “Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de todas las formas de oposición política, ya sea real o percibida, tanto a nivel nacional como en el extranjero”, señaló Simon.
Financiamiento de la policía de Ortega
Informes internacionales sobre DDHH han denunciado el abuso de fuerza de la policía nicaraguense contra los ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión a través de una protesta. Fuente: AFP
The Post entrevistó a docenas de víctimas de la represión de 2018 que ahora viven en el exilio. Uno de ellos era un oficial de las fuerzas especiales de la policía, ahora en Costa Rica, que vio cómo el poder de su antigua institución crecía sin frenos y sufrió su ira cuando tuvo que huir en lugar de acatar las órdenes de disparar a los manifestantes, compatriotas suyos. Pidió ser identificado solo por su primer nombre, Edwin, porque incluso fuera del país teme represalias del Gobierno de su país natal.
“No ingresé a la Policía para matar gente”, dijo.
Después de ser capturado mientras intentaba huir del país, Edwin dijo que fue llevado a la prisión de El Chipote, una institución donde Ortega, cuando era un joven revolucionario, dijo que fue torturado. Para 2018, los grupos de DDHH dijeron que el Gobierno de Ortega estaba empleando la misma brutalidad contra la que él mismo había luchado como guerrillero marxista.
En El Chipote, Edwin dijo que sus interrogadores lo violaron con una porra de goma, le sacaron cuatro dientes, le quitaron cuatro uñas del pie izquierdo con alicates, quemaron sus testículos con velas, le rompieron la muñeca y le dislocaron el hombro. Le hicieron un corte en el pecho que dejó una cicatriz que mostró a los reporteros de The Post.
Su relato de tortura es coherente con una revisión que realizó The Post al testimonio detallado que dio a las autoridades de inmigración de Costa Rica en su exitosa solicitud de asilo, así como a dos organizaciones internacionales de ayuda humanitaria —Médicos Sin Fronteras y HIAS (anteriormente la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante)— que le ofrecieron asistencia médica y legal. The Post también examinó registros médicos que detallan los efectos continuos de las lesiones que Edwin sufrió como resultado de la tortura. Los métodos de tortura y violación que dice haber sufrido también son consistentes con las descripciones en el informe de la ONU publicado después de su testimonio ante las autoridades costarricenses.
En 2005, el año antes de que Edwin se graduara de la academia de Policía, el BCIE envió su primer préstamo a la Policía de Nicaragua con el objetivo de mejorar la seguridad pública. Esos años fueron un período de optimismo en dicho país.
Tras una aplastante victoria electoral en 2006, Ortega, quien había sido presidente durante un tiempo en la década de 1980, volvió al poder con la promesa de una reforma económica y una mayor democracia.
No obstante, para cuando el BCIE otorgó un segundo préstamo de US$16 millones a la policía en 2014, Ortega ya estaba siendo criticado internacionalmente por llenar el poder judicial con sus partidarios y por impulsar una reforma constitucional que eliminó los límites de mandato presidencial. Ante las crecientes observaciones internacionales, los pedidos de financiamiento internacional se tornaron de difícil acceso, pero no para la policía.
Edwin dijo que la expansión del financiamiento y las capacidades de la entidad de seguridad interna fue notable. En los años previos a 2018, recordó recibir uniformes nuevos y mejores, así como armas más sofisticadas. Se estaban construyendo o renovando las sedes y comisarías de la policía en todo el país.
Mossi, cautivado por Ortega
Cuando fue seleccionado para liderar el BCIE en octubre de 2018, Dante Mossi provenía de una relativa oscuridad después de una década y media en puestos de nivel medio en el Banco Mundial. Economista hondureño con un doctorado de la Universidad de Vanderbilt, se unió a la oficina del Banco Mundial en su país natal después de haber trabajado 10 años en el Gobierno. Posteriormente, Mossi trabajó en Ghana y Paraguay antes de liderar la práctica global de energía del Banco Mundial en África.
¿Banquero de dictadores?. Dante Mossi expresidente del BCIE ha rechazado las denuncias en su contra.
Después de asumir su cargo en el BCIE en diciembre de 2018, Mossi comenzó a visitar Gobiernos en Centroamérica. En abril de 2019, Mossi se dirigió al aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua, que es llamado así en honor al revolucionario asesinado que inspiraba, en aquel entonces, al movimiento que primero llevó a Ortega al poder.
Había pasado un año desde el inicio de una sangrienta represión. Pero la pareja presidencial de Nicaragua organizó una recepción para Mossi que lo dejó sintiéndose “como una estrella de rock”, dijo en una entrevista con The Post.
Mossi dijo que, al crecer en Honduras, se sintió cautivado por la cruzada de Ortega contra la dictadura de Somoza. Pensaba en su cliente del banco como “este tipo revolucionario” y “esta leyenda”, dijo Mossi.
El apoyo de Ortega era importante para Mossi. El BCIE, fundado en 1960 por Nicaragua y otros cuatro países centroamericanos, es diferente a otros bancos de desarrollo que operan en la región, ya que sus principales accionistas también son sus principales receptores de préstamos. Mossi necesitaba cultivar a los líderes de esos países, si quería ser reelegido.
Mossi dijo que le contó a Ortega que se había reunido con funcionarios estadounidenses sobre un préstamo a la policía que el BCIE había hecho meses antes.
“No están realmente contentos con este préstamo a la policía”, le dijo Mossi a Ortega. “Sería muy útil si realmente pudiéramos deshacernos de ese préstamo. Quiero decir, simplemente no vale la pena”.
Mossi transmitió el mismo mensaje cuando se reunió con el ministro de Finanzas de Nicaragua, Iván Adolfo Acosta Montalván. No eran los abusos de derechos humanos lo que le preocupaba. Eran las apariencias.
“Es demasiado evidente”, recordó haber dicho.
Mossi dijo a The Post que el préstamo de $16 millones a la policía en 2014 fue aprobado años antes de que él llegara al BCIE. Afirmó que el banco no desembolsó ningún fondo a la policía después de que asumió el liderazgo del banco en diciembre de 2018. Pero de acuerdo con la información de la actual dirección del banco, el dinero fluyó hasta 2020 y solo se cortó debido a las sanciones estadounidenses contra la policía.
“Bajo el liderazgo anterior del banco, estábamos preocupados por los préstamos no transparentes al régimen de Ortega”, dijo el funcionario, quien declaró bajo condición de anonimato.
Pero la preocupación estadounidense parece no haber tenido ningún efecto.
En los años posteriores a la represión de 2018, el BCIE aumentó drásticamente sus préstamos, convirtiéndose en el mayor acreedor externo de Nicaragua. La mayoría de los fondos se destinaron a proyectos de infraestructura y medio ambiente, dijeron funcionarios del banco.
Uno de los críticos del liderazgo de Mossi es Ottón Solís, quien se desempeñó como representante de Costa Rica en la junta durante el mandato de Mossi. Solís fue enfático al referirse a la alta compensación no revelada de los miembros de la junta. Afirmó que, en su momento, le dio la espalda al banco y al gobierno costarricense. Solís dijo en una entrevista que los directores del banco recibían $19,500 al mes libres de impuestos, además de muchos beneficios, por lo que, además, tenían pocos incentivos para enfrentarse a Mossi.
Solís admitió que no se opuso a los préstamos a Nicaragua y dijo que está en contra de imponer consideraciones ideológicas en las decisiones del banco. Él y otros en la junta pensaban que Mossi abogaba por los préstamos a Nicaragua y otros países como parte de una campaña para ganar un segundo mandato como presidente.
En un correo electrónico a The Post, Mossi dijo que era la junta, no él, la que tenía el poder de bloquear préstamos, solo por mayoría de votos.
“Los 13 países miembros que tenían derecho a voto, durante mi mandato, no bloquearon ningún préstamo”, dijo.
Los préstamos generaron escrutinio, con algunos críticos llamando a Mossi “el banquero de los dictadores”. Un exembajador de EEUU en Panamá, John Feeley, utilizó la frase el año pasado en un evento público en Washington en el que instó al Departamento de Estado a examinar el BCIE, así como a Mossi, por otorgar “millones de dólares a Nicaragua con una supervisión muy laxa”.
“Nicaragua tiene préstamos del BID, del FMI y del Banco Mundial, ¿y yo soy el banquero de los dictadores?”, dijo Mossi. Refiriéndose a un préstamo de alivio por covid de 2020, interpeló: “¿Eso convierte también al jefe del FMI en un banquero de dictadores?”.
Los bancos de desarrollo más grandes también han sido criticados por ignorar las violaciones de DDHH y la corrupción en Nicaragua. Para Enrique Sáenz, un economista nicaragüense exiliado en Costa Rica, las evaluaciones del estado de derecho y los temas políticos en Nicaragua del FMI han sido condescendientes en los últimos dos años.
Por ejemplo, un informe del FMI de 2023 decía que el régimen había “tomado medidas para mejorar la gobernanza y los marcos anticorrupción”, en un momento en que el gobierno había cerrado más de 3000 ONG y al menos 29 medios de comunicación, según el alto comisionado de la ONU para los DDHH. El análisis del FMI, dijo Sáenz, estaba en flagrante contradicción con las declaraciones públicas que estados miembros, como EEUU, estaban haciendo, alertando sobre la regresión democrática que ocurría en el país.
El FMI dijo en un comunicado que el único financiamiento que ha proporcionado a Nicaragua desde 2018 se produjo en 2020 fueron para alivio económico y sumaron $186.8 millones. Gran parte del dinero fue directamente a agencias internacionales de ayuda humanitaria.
En 2018, EEUU aprobó una ley que apunta a exigir que los representantes estadounidenses en las juntas de los bancos de desarrollo internacionales voten en contra de nuevos préstamos al gobierno de Ortega, a menos que sean para fines humanitarios.
La persecución de cualquiera que el régimen considere un enemigo del estado ha provocado una ola de migración, desde 2018 y finales de 2023, de casi 700,000 nicaragüenses. De ellos, más de 400,000 migraron a Estados Unidos.
Como cientos de miles de nicaragüenses, Edwin ahora vive en el exilio en Costa Rica. Pasó más de un año en tratamiento y rehabilitación y ahora se gana la vida haciendo diferentes trabajos: en entrega de alimentos, como guardia de seguridad y en trabajos de construcción.
Ha intentado, sin éxito, solicitar asilo en EEUU, ya que aún teme que las autoridades nicaragüenses lo rastreen.
“Hubo momentos de desesperación en los que pensé si hubiera sido mejor que me quedara. Habría matado a todas esas personas y, tal vez, habría estado vivo en mi país con una casa, con dinero, con mi familia’”, dijo.
Pero sabe por qué huyó y por qué sobrevivió a El Chipote.
“Siento que hice esto por muchos nicaragüenses”, dijo. “Y es por ellos que estoy vivo aquí”.
(*) Artículo editado originalmente en inglés por Trish Wilson; y traducido al español y editado por Alejandro Céspedes García, en exclusiva para La República
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