Costa Rica es acusada de violar derechos de 81 niños inmigrantes deportados por Estados Unidos, según demanda
Una demanda contra Costa Rica busca visibilizar la situación de los niños deportados desde Estados Unidos, quienes fueron detenidos en condiciones cuestionables. La demanda se basa en la violación de sus derechos.
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Un grupo de abogados se dirigió al sistema judicial de Costa Rica para acusar al país de vulnerar los derechos fundamentales de 81 niños deportados desde Estados Unidos. En un contexto de creciente tensión sobre las políticas migratorias, esta demanda interpuesta marca un nuevo hito en la defensa de los derechos de los migrantes. La disputa legal busca no solo asegurar la protección de los menores, sino también presionar a las naciones de la región para que reconsideren sus posturas frente a las políticas migratorias impuestas por la administración Trump.
La demanda alega que más de 80 menores fueron retenidos durante más de 30 días en condiciones precarias. Esto genera un creciente clamor por parte de los defensores de migrantes, quienes exigen que el país cumpla con los acuerdos internacionales que protegen a los menores. El caso, que involucra a menores provenientes de lugares como China, Irán, Vietnam y Uzbekistán, pone en el centro del debate el compromiso de los países latinoamericanos con los derechos de los migrantes.
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Costa Rica enfrenta una demanda por la detención de niños deportados
La demanda del grupo de abogados se focaliza en las condiciones de detención y el trato recibido por los menores y señala que estos fueron retenidos durante casi dos meses en un centro en la frontera con Panamá. Los niños, provenientes de diversas naciones, fueron sometidos a condiciones que, según los abogados, podrían causarles un daño irreparable. Al respecto, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves,manifestó que "su país actúa únicamente como un punto de tránsito para los migrantes deportados". Sin embargo, su postura está siendo cuestionada por aquellos que defienden los derechos de los migrantes, quienes sostienen que no se puede permitir que los niños sean tratados como objetos de intercambio en políticas migratorias.
El director de la autoridad migratoria de Costa Rica, Omer Badilla, se ha defendido de las acusaciones. Badilla asegura que los migrantes no fueron detenidos, sino que su situación era de tránsito temporal. No obstante, los abogados argumentan que, en la práctica, los niños estaban en una detención de facto debido a las restricciones severas sobre su libertad de movimiento y la falta de acceso a servicios esenciales como la educación y la atención médica. La demanda también pone en evidencia la falta de acceso de los menores a asistencia legal, lo cual constituye una violación a sus derechos.
La implicación de la ONU y los esfuerzos de los defensores de migrantes
La demanda no solo se enfoca en las acciones del gobierno costarricense, sino que también pone en la mira la complicidad de otros países de la región en las políticas de inmigración impulsadas por Estados Unidos bajo la administración Trump. Según Ian Kysel, profesor de la Facultad de Derecho de Cornell y miembro fundador del Consejo Global de Litigios Estratégicos, los países que aceptan deportaciones masivas desde Estados Unidos deben ser responsables de las condiciones en las que se encuentran los migrantes. “La demanda busca presionar a Costa Rica para que se adhiera a sus compromisos internacionales, particularmente los establecidos por la ONU en la Convención sobre los Derechos del Niño”, indicó Kysel.
El comité de la ONU que supervisa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño podría recibir las quejas en contra de Costa Rica, aunque no está claro cuándo se emitiría un fallo. Mientras tanto, los demandantes buscan una orden de emergencia que obligue al gobierno costarricense a tomar medidas inmediatas para mejorar las condiciones de los migrantes, especialmente los niños. El caso no solo pone en evidencia las deficiencias del sistemade Costa Rica, sino también la creciente presión de las organizaciones internacionales para que los gobiernos latinoamericanos se alineen con las normativas internacionales sobre derechos humanos.
