Gobernador de EEUU podría vetar proyecto de ley que exige a las autoridades locales colaborar con ICE en la detención de inmigrantes

Una nueva propuesta legislativa, identificada como SB 1164, está en el centro de un acalorado debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. Esta iniciativa, promovida por legisladores republicanos, pretende obligar a las agencias estatales y gobiernos locales a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la detención y traslado de inmigrantes sin estatus legal. La medida ya fue aprobada por la Cámara de Representantes del estado, aunque su futuro ahora depende del posible veto de la gobernadora.

El proyecto de ley ha sido impulsado tras visitas de funcionarios del gobierno de Donald Trump al estado, quienes plantearon una estrategia más eficiente y sistematizada para deportar a personas en situación irregular. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar: sectores demócratas, organizaciones proinmigrantes y defensores de derechos humanos advierten que esta legislación podría incrementar la discriminación racial, debilitar la cohesión social y sobrecargar los limitados recursos locales.

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HB 1164: ¿en qué estado de Estados Unidos podrían vetar el proyecto de ley que exige a las autoridades locales colaborar con ICE en la detención de inmigrantes?

La polémica propuesta SB 1164 avanza en Arizona, un estado clave en las políticas fronterizas de Estados Unidos. Con una población significativa de origen latino e inmigrante, la implementación de esta ley tendría implicaciones profundas tanto a nivel social como institucional.

Aunque fue aprobada en la Cámara con mayoría republicana, el proyecto enfrenta un futuro incierto ante el probable veto de la gobernadora Hobbs. La mandataria ha expresado su preocupación por las consecuencias de imponer mandatos sin financiamiento adecuado a las fuerzas de seguridad estatales, además de las implicancias legales y éticas de obligar a las agencias locales a actuar como brazo operativo de las políticas federales de inmigración.

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¿Qué medidas implementa el proyecto de ley HB 1164 en Arizona?

El SB 1164 contempla una serie de acciones directas para fortalecer la colaboración con ICE en la detención de inmigrantes:

• Prohíbe que gobiernos locales y agencias estatales adopten políticas que limiten la cooperación con autoridades migratorias federales.
• Obliga a los alguaciles y al sistema penitenciario estatal a cumplir con las órdenes de detención emitidas por ICE.
• Establece que los gobiernos no puedan oponerse a las transferencias de personas bajo custodia estatal hacia instalaciones federales.
• Permite la cesión de instalaciones estatales, como prisiones cerradas, para su uso por ICE a un costo simbólico de un dólar anual.
• Establece la obligación de cooperación activa del gobernador y el fiscal general con programas y órdenes federales relacionadas con la inmigración hasta enero de 2029.

Postura de los partidarios y opositores del proyecto de ley HB 1164 en Arizona

Los legisladores republicanos defienden la iniciativa alegando que busca expulsar del país a inmigrantes con antecedentes penales. La representante Teresa Martínez afirmó que el objetivo es proteger a las comunidades locales mediante la remoción de personas peligrosas. Por su parte, el senador Warren Petersen, autor del proyecto, señaló que más de 700.000 inmigrantes con antecedentes criminales viven en Estados Unidos sin estatus legal, y aseguró que el SB 1164 ayudaría a enfrentar esa problemática.

En contraste, los demócratas han condenado el proyecto por considerarlo discriminatorio y poco efectivo. La representante Nancy Gutiérrez criticó duramente los comentarios deshumanizantes de funcionarios federales que compararon el proceso de deportación con envíos por Amazon Prime. Otros legisladores, como Betty Villegas, advirtieron sobre la carga financiera para el estado, acusando a los republicanos de transformar un tema humanitario en un espectáculo político.

La gobernadora Hobbs, cuya firma es clave para la entrada en vigor del SB 1164, ha enfatizado que no se debe forzar a las agencias locales a asumir funciones federales sin recursos ni coordinación. Si se concreta su veto, los promotores del proyecto han dejado entrever que llevarían la propuesta a votación popular, como ocurrió con la Proposición 314 en 2024.