EE. UU. ofrece US$ 10 millones por información sobre el presunto socio de Álex Saab

El Gobierno de Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto o condena del colombiano Álvaro Pulido Vargas, presunto socio de Álex Saab, el supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En un comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU. explicó que la recompensa está relacionada con las acusaciones presentadas por la cartera de Justicia estadounidense contra “Pulido y otros por lavado de dinero en conexión con un plan de sobornos en el extranjero”.

El jueves, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida acusó a tres colombianos, entre ellos Pulido Vargas, y a dos venezolanos por su presunta participación en un plan de lavado de miles de millones de dólares relacionados el programa del Gobierno de Venezuela y su Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, los cinco estuvieron involucrados en un plan para lavar dinero procedente de contratos obtenidos mediante sobornos, en conexión con el mencionado programa para proporcionar alimentos y medicamentos a Venezuela.

Pulido fue, por otro lado, incluido en otro caso judicial por lavado de dinero por el que fue extraditado a EE. UU. desde Cabo Verde el último sábado.

El presunto testaferro de Maduro fue extraditado después de un largo periplo judicial en Cabo Verde que se remontaba al 12 de junio de 2020, cuando fue detenido mientras su avión hacía escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal.

Saab, de 49 años y nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla pero de origen libanés, está acusado en Estados Unidos de siete cargos de lavado y uno más de conspiración para blanquear desde 2019.

La acusación señalaba que, entre noviembre de 2011 y por lo menos hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido Vargas conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.

Como resultado del plan, los mencionados supuestamente transfirieron desde Venezuela, a través de EE. UU., aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía estadounidense.