Cristiana Chamorro: ¿Quién es la opositora de Ortega que fue detenida en Nicaragua?
La hija de la expresidenta de Nicaragua que impidió la reelección de Daniel Ortega en 1990, busca llegar a las presidenciales de este año, pero ahora enfrenta una inhabilitación judicial.
El miércoles 2 de junio, la opositora Cristiana Chamorro -principal rival ante una posible candidatura del mandatario Daniel Ortega para las elecciones presidenciales de noviembre- quedó bajo arresto domiciliario, tras una acusación de lavado de dinero interpuesta por el Gobierno.
Cristiana nació en Managua hace 67 años, es hija de Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que venció en las urnas en 1990 al primer gobierno de Daniel Ortega. Su padre es el periodista, político y director del diario “La Prensa”, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado en 1978 por el régimen de Anastasio Somoza.
Su familia ha sido por siglos no solo una de las más adineradas, sino también una de las más poderosas de Nicaragua: cinco de sus ancestros, incluida su madre, fueron presidentes del país, informa BBC.
Chamorro estudió Historia y Filosofía e hizo una maestría en Historia y Literatura Latinoamericana. En 1979, trabajó como reportera en La Prensa, el diario que su madre había trabajado desde el asesinato de su esposo.
Con apenas 35 años, Cristiana se convirtió en la editora del periódico familiar, mientras que su madre se enfrascaba en campañas para llegar a la presidencia. En 1998, abandonó el cargo para crear la Fundación Violeta Barrios (FVBCH), dedicada a velar por la libertad de prensa y la cual dirigió hasta febrero de este año.
Violeta Barrios de Chamorro venció en las urnas a Daniel Ortega en 1990. Foto: AFP
En ese mes, el régimen de Daniel Ortega –quien volvió a la presidencia nicaragüense en el 2007 y actualmente acumula tres mandatos consecutivos- aprobó a través del Congreso la Ley de Agentes Extranjeros, destinada a bloquear el financiamiento extranjero a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la prensa independiente y la sociedad civil.
La norma fue tildada como una herramienta para anular a la oposición en respuesta a las protestas que desde el 2018 se vienen registrando en el país en contra del régimen. Debido a esta ley, organizaciones como la FVBCH o la PEN Nicaragua, dedicadas a proteger la libertad de expresión, se vieron obligadas a cerrar debido a la falta de financiamiento.
Luego de cerrar la organización, Chamorro anunció su precandidatura a la presidencia de Nicaragua. Una decisión que la ha hecho acreedora de un 21% de intención de voto frente al 30% que apoya a Ortega, según una encuesta realizada por la firma CID Gallup.
“Yo estoy segura que, si los nicaragüenses quieren, si los nicaragüenses se apuntan a ir a votar y seguimos hoy hasta el día de las elecciones exigiendo elecciones libres, observadas, elecciones en libertad, como fueron en el pasado, unas elecciones donde nos podamos movilizar, expresar libremente sin presos políticos. Yo creo que sí. Sí le ganamos a Ortega”, sostuvo Chamorro a La Voz de América.
Daniel Ortega, de 75 años, retornó al poder en 2007 y gobierna desde 2017 junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Foto: AFP
Trabas judiciales
Sin embargo, la intención de Chamorro de llegar a la presidencia de Nicaragua parece ser solo un espejismo, ya que el Ministerio de Gobernación de Ortega inició a mediados de mayo una investigación, acusándola de irregularidades en el manejo de la FVBCH, basados en la Ley de Agentes Extranjeros.
El martes 1 de junio, el Ministerio Público formalizó la denuncia contra la opositora acusándola de “los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”, según un comunicado de la institución.
Eso no sería todo, pues la Fiscalía contemplaría inhabilitar a Chamorro de la carrera presidencial. Las medidas que solicitan son “retención migratoria (...) prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, más la inhabilitación para cargos públicos, por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”, precisan.
“Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia”, agrega un comunicado divulgado por el Ejecutivo.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Viernes 22 de Noviembre del 2024