El MAS plantea juicios contra Jeanine Áñez por casos Sacaba y Senkata
Se recomendó dos juicios de responsabilidad contra la presidenta interina y algunos ministros por las masacres durante manifestaciones ocurridas en noviembre de 2019.
La República en GoogleUna comisión parlamentaria especial de Bolivia resolvió el lunes 26 de octubre recomendar dos juicios de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez, por masacres de manifestantes ocurridas en los primeros días de su gestión transitoria que está próxima a concluir, informó un diputado opositor.
“Se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictuosa, por los hechos en Sacaba y Senkata”, dijo Víctor Borda, presidente de ese grupo parlamentario.
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La recomendación, contenida en un informe que será debatido por el pleno parlamentario el jueves 29 de octubre, abrió un nuevo frente de disputa entre la administración de Áñez y el Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla el Legislativo y asumirá el Gobierno el 8 de noviembre.
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Represión
El informe se refiere a la muerte de más de 20 manifestantes como consecuencia, supuestamente, de la represión de fuerzas militares y policiales contra grupos que rechazaban la salida de Evo Morales del poder, en noviembre de 2019. En el documento figura que Áñez permitió que eso suceda.
Borda dijo que la comisión, integrada por oficialistas y opositores con mayoría masista, plantea un juicio de responsabilidades contra Áñez por un decreto que liberó a los militares de responsabilidades penales en operaciones de represión y otro por las masacres de opositores supuestamente amparadas por esa norma.
Ese decreto, que fue emitido el 14 de noviembre de 2019, un día después de que Áñez inició su Gobierno transitorio y mientras que Bolivia pasaba por una ola de caos y protestas, fue condenado como contrario al derecho internacional sobre seguridad y derechos humanos tanto por Naciones Unidas como por otros organismos.
“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando obre en cumplimiento de sus funciones constitucionales”, dispuso la norma que amparó la movilización militar contra los manifestantes.
Borda afirmó que la comisión parlamentaria estableció que la represión dejó al menos 27 muertos y que, contrariamente a la versión oficial de que las bajas civiles habrían ocurrido por fuego amigo, los decesos fueron causados por disparos de armas de fuego de uso militar y policial.
El informe señaló como presuntos responsables y sujetos de juicios penales ordinarios, por haber firmado el decreto junto a Áñez, a sus ministros Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Samuel Ordóñez y Roxana Lizárraga.
Planteó además juicios ordinarios contra el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, y de la Policía, Yuri Calderón por delitos de asesinato, genocidio y otros.
