Corte de Lambayeque analiza régimen legal del fideicomiso en jornada especializada
Magistrados, abogados, servidores y estudiantes revisaron aspectos jurídicos del fideicomiso y criterios jurisprudenciales sobre patrimonios fideicometidos.
La República en GoogleCon una amplia participación de magistrados, servidores judiciales, abogados y estudiantes, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló de manera presencial una jornada especializada sobre el régimen legal del fideicomiso y sus aspectos relevantes, actividad que tuvo gran acogida entre los asistentes. La capacitación estuvo a cargo de Paulo Comitre Berry, director de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, quien compartió sus conocimientos y experiencia especializada en materia fiduciaria.
En representación de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el juez superior titular Jorge Luis Rojas Cruz, coordinador académico de la Unidad Académica, tuvo a su cargo las palabras de apertura de la jornada. Durante su intervención, destacó la importancia de promover espacios de capacitación y actualización que permitan fortalecer los conocimientos de magistrados y servidores, especialmente en materias de especialidad y relevancia jurídica que contribuyan a mejorar el servicio de administración de justicia.
La actividad fue organizada por los Juzgados Especializados Civiles, Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y estuvo dirigida a magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, integrantes de la comunidad jurídica y público estudiantil. Rojas Cruz resaltó también la participación del expositor, considerando que su experiencia en aspectos jurídicos, económicos y operativos vinculados al fideicomiso permitiría ampliar y actualizar los conocimientos de los asistentes.
Durante la jornada se explicó la diferencia entre la propiedad civil y el dominio fiduciario, precisándose que este último constituye una titularidad instrumental y temporal regulada por la Ley N.° 26702. Asimismo, se abordó la naturaleza del patrimonio autónomo, cuyos bienes se mantienen separados de los patrimonios del fiduciario, fideicomitente y fideicomisario y no responden por obligaciones ajenas al fideicomiso.
Otro de los aspectos desarrollados fue el deber de defensa del fiduciario, quien cuenta con facultades de administración, disposición y reivindicación, además de la obligación de preservar la integridad del patrimonio autónomo. En este contexto, se explicó la tercería de propiedad como uno de los principales mecanismos procesales para su defensa.
Especial atención recibió el derecho persecutorio laboral, presentado como un mecanismo excepcional de tutela del crédito laboral. La exposición precisó que la sola existencia de una acreencia laboral no resulta suficiente para afectar bienes fideicometidos, sino que deben verificarse integralmente los presupuestos exigidos legal y jurisprudencialmente, entre ellos la existencia de un crédito exigible, el vínculo entre el obligado y los bienes perseguidos y la acreditación de fraude o utilización abusiva.
Como parte del análisis se revisaron criterios contenidos en las Casaciones Laborales N.° 32992-2024, Piura, y N.° 11057-2024, La Libertad, relacionadas con tercerías y medidas de afectación sobre bienes o cuentas pertenecientes a patrimonios fideicometidos. La exposición resaltó la necesidad de una motivación suficiente para determinar cuándo corresponde que estos patrimonios respondan frente a créditos laborales.
Durante su intervención, Paulo Comitre Berri también compartió parte de su experiencia profesional, señalando que cuenta con 25 años de experiencia como fiduciario y explicando la presencia que actualmente tiene esta figura jurídica en importantes actividades económicas del país.
De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa promoviendo espacios de formación, actualización e intercambio de conocimientos especializados para sus magistrados y servidores, generando herramientas que contribuyan al análisis de materias jurídicas relevantes y a la mejora del servicio de administración de justicia.
