Jueza de Cajamarca dicta 9 meses de prisión preventiva contra policías acusados de pedir coima para liberar a requisitoriado

La jueza Sandra Sosa Alarcón dictó nueve meses de prisión preventiva para dos policías y un civil acusados de corrupción en Cajamarca, relacionados con delitos contra la administración pública.

La magistrada considera que el plazo de nueve meses es adecuado para que el Ministerio Público realice las investigaciones. Fuente: Difusión.
La magistrada considera que el plazo de nueve meses es adecuado para que el Ministerio Público realice las investigaciones. Fuente: Difusión.

En una firme decisión contra la corrupción, la jueza Sandra Sosa Alarcón, a cargo del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca, dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos efectivos policiales y un civil implicados en graves delitos contra la administración pública.

Los hechos

La medida recae sobre los efectivos policiales Yeyson Estalith Fustamante Tapia y John Guillermo Salazar Santos, así como el estudiante universitario Cristhoper Percy Montoya Valdez. Según la investigación fiscal, se les atribuye haber solicitado la suma de S/ 5,000.00 a los familiares de un ciudadano que se encontraba detenido por tener una requisitoria vigente.

De acuerdo con el requerimiento fiscal detallado en la resolución, el procesado Fustamante Tapia habría realizado llamadas telefónicas para exigir el dinero a cambio de omitir sus funciones policiales y no poner al detenido a disposición de las autoridades correspondientes. Los imputados habrían mantenido a la persona retenida en un vehículo particular hasta que se concretó la entrega del dinero por parte de sus familiares.

Decisión judicial

La magistrada Sandra Sosa Alarcón determinó que el plazo de nueve meses de prisión preventiva es razonable para que el Ministerio Público despliegue las investigaciones necesarias, asegurando que el proceso avance con celeridad hacia la etapa intermedia y el eventual juicio oral.

Los investigados enfrentan cargos por la presunta comisión de:

  • Cohecho pasivo propio en la función policial (solicitar dinero en el ejercicio de sus funciones).
  • Tenencia ilegal de armas, agravando la situación legal de los implicados.

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