ICE: Residentes de este condado rechazan la colaboración entre autoridades locales y federales para atrapar inmigrantes en EEUU
La cooperación entre oficiales del condado de Bucks y el ICE desata rechazo entre ciudadanos que temen violaciones a derechos civiles y mayor persecución a inmigrantes.
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Mientras tanto, en las calles de Bucks, el miedo se mezcla con la incertidumbre. | Foto: Los Angeles Times
La reciente alianza entre el Departamento del Alguacil del condado de Bucks, en Pennsylvania, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) encendió un fuerte debate en la comunidad. Mientras algunos vecinos consideran que esta medida fortalece la seguridad pública, otros advierten sobre posibles abusos y discriminación contra la población migrante, documentada o no. La decisión de colaborar con una agencia federal como ICE ha dividido al condado, donde el temor crece entre las familias latinas.
Esta colaboración implica que los oficiales del condado entreguen a ICE información sobre personas detenidas por delitos locales, sin importar su estatus migratorio. En algunos casos, incluso permite que los agentes federales actúen directamente dentro de cárceles locales. La implementación de esta política generó protestas frente a la sede del gobierno del condado y ha puesto el foco sobre los alcances del programa conocido como 287(g), que faculta a las autoridades locales a actuar como agentes de inmigración.
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Cooperación entre ICE y policías locales, ¿seguridad o persecución?
Las autoridades del condado justifican la alianza con ICE como una medida preventiva para reforzar el orden público. Argumentan que el objetivo es identificar a personas con antecedentes criminales graves, no a trabajadores o residentes sin historial delictivo. Sin embargo, esta postura no convence a buena parte de la población, que teme que el acuerdo sirva como una puerta abierta a la persecución sistemática de inmigrantes.
Diversos activistas y líderes comunitarios han señalado que esta cooperación pone en riesgo la confianza entre las autoridades y los ciudadanos, especialmente en comunidades donde muchos habitantes son de origen latino o migrante. Varios testimonios indican que familias enteras evitaron acudir a hospitales o reportar delitos por miedo a ser rastreados por ICE a través de la policía local. Esta desconfianza podría debilitar el tejido social y hacer más difícil combatir el crimen real.
El condado de Bucks como reflejo del debate nacional
El condado de Bucks no es el único en Estados Unidos donde se implementan políticas de colaboración con ICE. Sin embargo, su caso es representativo del dilema que enfrentan muchas jurisdicciones: equilibrar el cumplimiento de la ley con el respeto a los derechos humanos. Mientras algunos estados y ciudades optaron por convertirse en “santuarios” que limitan el contacto con inmigración federal, otros, como Bucks, se inclinan por el trabajo conjunto con el gobierno federal.
Esta diferencia de enfoques ha sido una constante en el debate nacional desde la administración de Donald Trump, cuando se promovió con fuerza el uso del programa 287(g). Bajo la actual administración, si bien el enfoque migratorio cambió en algunos aspectos, las facultades otorgadas a ICE no se revirtieron completamente. Por ello, condados como Bucks pueden seguir colaborando bajo marcos legales vigentes, siempre que sus gobiernos locales lo autoricen.
La comunidad exige transparencia y protección de derechos
Ante el rechazo creciente, organizaciones civiles piden mayor transparencia sobre cómo se aplicará el acuerdo con ICE y qué salvaguardas se implementarán para proteger a personas sin antecedentes penales. Exigen que el gobierno del condado publique estadísticas detalladas, protocolos de actuación y mecanismos de rendición de cuentas. También solicitan asesoría legal gratuita para migrantes detenidos por causas menores.
El tema ha escalado hasta el ámbito político local. Algunos candidatos a cargos públicos ya incorporaron en sus campañas la promesa de terminar esta colaboración, mientras otros defienden su permanencia. La presión social podría influir en futuras decisiones del consejo del condado, que aún tiene margen para renegociar o anular el acuerdo.
