Deportaciones de Trump en EEUU: ¿qué implica el fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros?
Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó el intento de Donald Trump de reanudar las deportaciones rápidas de migrantes venezolanos utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación reservada para tiempos de guerra.
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Con dos votos en contra, correspondientes a los conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas, los magistrados rechazaron la apelación urgente presentada por los abogados del gobierno. Esta buscaba deportar rápidamente a inmigrantes venezolanos acusados por la Casa Blanca de tener vínculos con pandillas, a pesar de no tener cargos formales. Según el gobierno, esta designación permitiría su expulsión inmediata bajo la ley de 1798.
Este caso forma parte de una serie de procesos judiciales relacionados con la proclamación hecha por Trump en marzo, en la que declaró al grupo criminal venezolano Tren de Aragua como organización terrorista.
¿Qué implica para los inmigrantes en Estados Unidos la decisión de la Corte Suprema sobre la deportación bajo la ley invocada por Donald Trump?
La decisión de la Corte Suprema es de carácter temporal, por lo cual la disputa legal en torno a la aplicación de esta ley sigue abierta en varios tribunales. El caso fue devuelto al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans.
Este tribunal deberá analizar si es legal que el expresidente Trump utilice la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes en el contexto actual, y con cuánta antelación deben ser notificados antes de ser expulsados, de modo que puedan ejercer su derecho a la defensa.
Por ahora, la Corte Suprema mantiene suspendidas las deportaciones bajo esta ley, extendiendo el bloqueo temporal impuesto previamente. En la práctica, esto significa que no pueden llevarse a cabo deportaciones al amparo de esta norma hasta que el Quinto Circuito, y posiblemente la propia Corte Suprema, resuelvan de forma definitiva su legalidad y las garantías procesales que deben ofrecerse.
La Corte también mencionó el caso de Kilmar Ábrego García, deportado erróneamente a El Salvador, como ejemplo de los riesgos de actuar sin el debido proceso. El gobierno estadounidense admitió que no puede garantizar el retorno de una persona deportada por error.
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¿Con cuánta anticipación debe comunicarse la deportación de personas consideradas “enemigos extranjeros”?
En su fallo del viernes, la Corte Suprema aclaró que no evaluó la legalidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, sino que se centró en la necesidad de garantizar el debido proceso antes de ejecutar una deportación.
“Un detenido debe tener tiempo e información suficiente para contactar razonablemente con un abogado, presentar una petición y obtener la reparación adecuada”, expresó uno de los jueces.
El tribunal consideró que un aviso de solo 24 horas, sin detalles sobre cómo ejercer el derecho a la defensa, no cumple con los estándares constitucionales. También rechazó la propuesta del gobierno de considerar un plazo de 12 horas como adecuado, aunque no estableció cuál sería el tiempo mínimo aceptable.
Finalmente, la Corte precisó que este fallo se limita a las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y no impide que el gobierno utilice otros mecanismos legales para expulsar personas desde Estados Unidos.


















