Estados Unidos

Gestión de Ron DeSantis lidera esfuerzos para aplicar ley que criminaliza a inmigrantes indocumentados en Florida

La Ley SB-4C de Florida enfrenta bloqueos judiciales, pero la administración de Ron DeSantis busca reanudar su aplicación. Descubre qué está en juego en este proceso legal.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidió a los tribunales federales reanudar la Ley SB-4C sobre inmigración indocumentada.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidió a los tribunales federales reanudar la Ley SB-4C sobre inmigración indocumentada.

James Uthmeier, el fiscal general de Florida designado por el gobernador Ron DeSantis, solicitó el pasado miércoles 30 de abril a los tribunales federales que se le permita aplicar la Ley SB-4C, la cual estipula como delito la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado, mientras es apelada en el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito. Actualmente, esta legislación se encuentra momentáneamente suspendida por orden de la jueza federal de Miami, Kathleen Williams.

La ley ha sido defendida por las autoridades del estado, que aseguran que no interfiere con la legislación federal en materia migratoria. Sin embargo, la medida ha sido bloqueada por la jueza Kathleen Williams, quien consideró que existe una probabilidad de que la ley sea declarada inconstitucional por violar la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre la inmigración, según la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

Florida insiste en que se reanude la aplicación de la Ley SB-4C tras bloqueo

La gestión de Ron DeSantis solicitó a los tribunales que levante la suspensión de la Ley SB-4C, que fue bloqueada temporalmente por la jueza Kathleen Williams el 4 de abril de 2025. Tras la decisión de la jueza, el fiscal general James Uthmeier presentó una apelación, argumentando que la ley no solo es constitucional, sino que también cumple con el objetivo de fortalecer la seguridad pública en el estado. Además, Uthmeier subraya que el estado tiene el derecho de colaborar con las leyes federales de inmigración sin invadir competencias exclusivas del gobierno federal.

El caso generó un clima de tensión entre las autoridades federales y estatales, especialmente porque la jueza Williams extendió su orden de bloqueo tras conocer que, a pesar de su fallo, agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida habían arrestado a varias personas bajo la Ley SB-4C.

¿Qué pasó con la Ley SB-4C de Florida y en qué consiste?

La Ley SB-4C fue aprobada por las autoridades de Florida en febrero de 2025 y establece que será considerado un delito menor que una persona sin autorización migratoria o sin estatus legal comprobable ingrese o reingrese al estado. Esta disposición permite que las autoridades estatales y locales arresten a individuos que eludan las agencias federales de inmigración, una medida que ha sido criticada por organizaciones defensoras de los derechos civiles.

Grupos como la ACLU de Florida y la Coalición de Inmigrantes de Florida han impugnado la ley, argumentando que infringe la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que otorga al gobierno federal la autoridad exclusiva sobre la inmigración. Según estas organizaciones, la SB-4C también podría generar discriminación y arrestos erróneos, afectando especialmente a los inmigrantes en el estado sin estatus legal.

SB-4C: ¿qué falta para obtener un dictamen sobre la ley en Florida?

La disputa legal por la Ley SB-4C de Florida aún está en desarrollo, y la fecha clave para la resolución podría ser el 29 de mayo de 2025, cuando se llevará a cabo una audiencia crucial en el tribunal. Durante esta audiencia, se evaluará si el fiscal general de Florida, James Uthmeier, puede ser considerado en desacato por no cumplir con la orden de suspensión emitida por la jueza Williams. Además, el tribunal revisará si se permite la reanudación de la aplicación de la ley mientras continúa la apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito.

La audiencia de finales de mayo podría ser determinante para el futuro de la ley, ya que los argumentos presentados por las partes involucradas, tanto a favor como en contra de la legislación, podrían influir en la decisión final.

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