Cobros excesivos de agua: usuarios podrán pedir nueva facturación si la lectura de su recibo es errónea
Nueva ley permite a usuarios pedir que sus recibos se ajusten al promedio histórico de consumo, si el recibo de agua es atípico.
La República en GoogleEl Congreso de la República promulgó esta mañana la ley n° 32262, que protege a los usuarios del servicio de agua potable frente a cobros excesivos derivados de lecturas atípicas por los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Con esta norma, los usuarios residenciales podrán solicitar la refacturación de su consumo si reciben un recibo con una lectura inusual, siempre y cuando no existan fugas en su domicilio. En estos casos, la empresa prestadora del servicio como Sedapal deberá calcular el cobro en base al promedio histórico de consumo del usuario, sin límite en la cantidad de veces que se pueda aplicar este derecho dentro de un periodo de 12 meses.
Video destacado
QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 22/09/26 | La República - LR+
Retiro CTS hasta el 2026: aprueban dictamen que libera el 100% de este dinero a los trabajadores
La ley establece que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) tiene un plazo de 60 días calendario para adecuar el reglamento de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento, a fin de asegurar la correcta aplicación de la norma.
- Defensoría del Pueblo advierte que Lima y Callao podría quedarse sin agua para el 2025: ¿qué dijo Sedapal al respecto?
- Desechos que tiñeron de rojo el río Rímac habrían salido de un colector de Sedapal, pero rechazan responsabilidad y culpan a textilera
En los últimos años, miles de ciudadanos han reportado cobros excesivos en sus recibos de agua con montos que superaban, por ejemplo, los S/7.000, lo que les implicaba un corte en el servicio. En 2023, según investigación de Sedapal, malos funcionarios ordenaban manipular recibos para "cobros de bonos de productividad".
Recordemos que esta ley publicada ahora por el Congreso fue observada por el Poder Ejecutivo en 2022. En sus argumentos, el Gobierno consideraba que el objetivo de brindar una garantía en la protección a los usuarios de los servicios de saneamiento le corresponde a Sunass como entidad y reguladora pública, "en razón de que esta institución posee la función normativa en lo referido a derechos y obligaciones de los usuarios, y las empresas de servicios de saneamiento".
