Critican proyecto de reglamento para viviendas de interés social

Con el objetivo de adecuarse a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) publicó el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Vivienda de Interés Social (VIS). De esta forma, los ciudadanos tendrán el plazo de 15 días calendarios para enviar sus aportes y comentarios a este dispositivo legal.

De acuerdo con la exposición de motivos basada en las resoluciones del TC, la zonificación, el planeamiento urbano y la determinación de la altura máxima de las edificaciones, son competencias municipales exclusivas, por lo que no deben ser reguladas a través de normativas del MVCS.

PUEDES VER: Inmobiliarias sobre controversia por proyectos de Vivienda Social: "Miraflores no es el Perú"

Si bien existen aspectos positivos en este nuevo proyecto de reglamento como la asistencia técnica y el trabajo comunitario que han sido incluidos como modalidades para promover la VIS, para la abogada del Instituto de Desarrollo Urbano CENCA, Esther Álvarez, no se señala con claridad qué se hará con las ocupaciones en zonas de alto riesgo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“No se aborda de qué manera se intervendrá en esos espacios donde la población ya está viviendo. Dan lineamientos, pero no precisan los mecanismos o estrategias para abordar la problemática de las familias ubicadas en zonas de riesgo. Por ejemplo, se suele advertir un silencio sísmico, pero no se hace mucho”, explicó.

Como se recuerda, esta propuesta de reglamento fue publicada el último 12 de enero luego de que diversos gremios del sector inmobiliario manifestaran su preocupación por el vacío normativo que se generaría con el proyecto de derogación del actual marco legal que fue emitido mediante una resolución ministerial a fines de diciembre.

Si bien la idea del Ministerio de Vivienda es que tanto la anulación del reglamento vigente de la VIS y la aprobación del reciente proyecto se efectúen de manera simultánea, Esther Álvarez refiere que estas modificaciones no resuelven el problema de fondo.

“El déficit cualitativo de viviendas es de 1 millón 300.000 a nivel nacional, lo cual es mucho más que el déficit cuantitativo. Entonces, esta modificación al reglamento es para responder a este indicador, péro no está enfocado en cómo se atiende el problema de la vivienda de los sectores más vulnerables, como aquellos que ocupan las laderas en Lima, es decir el 30%”, enfatizó.

La abogada refiere que nuestro país adolece de una política de desarrollo urbano y de acceso a la vivienda que sea coherente con nuestra realidad socioeconómica. “Los programas de vivienda deben estar orientados a los sectores empobrecidos a través del reasentamiento y la reducción de riesgos, los cuales necesitan financiamiento”, sentenció.