Economía

Congreso propone crear el programa Reactiva Mype

Se busca rescatar a las mypes y personas naturales del embargo y remates judiciales de sus propiedades. También se les permitirá acceder a créditos para retomar su actividad económica.

Programa de reactivación duraría dos años de aprobarse. Foto: difusión
Programa de reactivación duraría dos años de aprobarse. Foto: difusión

El congresista Alejandro Soto Reyes, de la bancada Alianza para el Progreso, propone crear el programa Reactiva Mypes por dos años para las micro y pequeñas empresas así como personas naturales con el objetivo de reactivar la economía nacional. Mediante medidas extraordinarias y urgentes, se busca rescatar a las propiedades de embargos y remates judiciales producto del impacto negativo de la pandemia por el COVID-19.

El PL 4313 señala que la personas naturales y mypes con deudas que hayan otorgado garantías reales o personales (hipotecario, créditos comerciales o personales, créditos tipo leasing inmobiliario, entre otros), pero que al 31 de diciembre de 2022 califiquen en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) con riesgo normal o con problema inminente podrán solicitar la reprogramación de sus deudas.

Además, podrán solicitar un monto adicional de dinero para reactivar su actividad hasta por un 10% del valor de la deuda. El monto máximo para rescate de inminente riesgo de ejecución de garantías, y reactivación de su actividad, es hasta por S/ 700.000.

Sin embargo, se detalla que solo podrán acogerse al programa aquellos que hayan tenidos 4 cuotas de retraso consecutivas o alternada, a enero de 2023, o se encuentren en proceso civil de ejecución de garantías. Los plazos de los créditos podrán ser hasta por cinco años adicionales al plazo del cronograma inicialmente otorgado por la empresas del sistema financiero.

Si bien la tasa de interés ofrecidas deben reflejar todo los costos del programa, cada reprogramación no deberá tener una tasa mayor a 1,4% + 100 puntos básicos, señala la propuesta legislativa.

La propuesta fue presentada el 21 de febrero y dos días después ingresó a la Comisión de Economía del Congreso de la República para su evaluación antes de pasar al Pleno para su debate y votación.