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Una “reactivación” sin evaluar costos y riesgos deja el reconocimiento de los derechos indígenas solo en el papel

Se necesita la presencia del Estado peruano para una actuación conjunta con los pueblos indígenas en la defensa de la Amazonía.

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Foto: difusión
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Foto: difusión
La República

Por: Jorge Pérez, presidente de la organización indígena AIDESEP

La conectividad vial sigue siendo una de las principales estrategias del Estado para promover el cierre de brechas, impulsar la economía y facilitar el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, en la Amazonía, los resultados obtenidos con ella se distancian de estos objetivos y generan serios impactos que el Estado no ha podido asumir.

En el marco de la llamada “reactivación económica” el impulso a la conectividad se sostiene en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y la promoción de proyectos viales en la Amazonía, como la carretera Bolognesi - Puerto Breu o el Corredor Vial Cusco Madre de Dios, que pueden beneficiar actividades ilegales y amenazar los territorios de nuestras comunidades.

Hasta la actualidad, no se han priorizado políticas que respondan a las verdaderas necesidades de nuestros pueblos, promoviendo un mayor y mejor acceso a los servicios públicos con estrategias que se adapten al entorno amazónico, al desarrollo local sostenible, la gestión territorial, la protección de nuestros defensores ambientales, la remediación de los ecosistemas contaminados, y un diálogo continuo e intercultural con el sector público en los tres niveles de Gobierno.

La falta de visión amazónica del sector Transportes ha dejado estancados procesos para el respeto al territorio y derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos: (i) lineamientos para un transporte fluvial sostenible, moderno, seguro y con enfoque indígena; (ii) el cumplimiento de la sentencia que elimina la excepción de realizar consulta previa de los servicios públicos, como las carreteras, que hasta la fecha el Poder Judicial tiene pendiente su publicación en un diario nacional; (iii) la implementación de la consulta previa para el proyecto de carretera Bellavista-Mazán, proyecto que se viene ejecutando desde el 2015; y (iv) la mejora del proceso de participación en el sector Transportes, que actualmente se basa en un reglamento de hace más de 15 años y que no reconoce los derechos colectivos.

Estas ausencias evidencian una limitada voluntad política y capacidad técnica para impulsar un crecimiento que conduzca a un desarrollo sostenible y vaya de la mano con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas; derechos reconocidos internacionalmente y por el Estado peruano.

Respecto a los pendientes para el desarrollo sostenible de la Amazonía, resaltamos que los pueblos indígenas debemos participar con voz propia en el proceso de elaboración de instrumentos como el Plan Multisectorial de Promoción de la Amazonía Sostenible (de acuerdo a la Ley N° 30977) y de la Guía para orientar el desarrollo de infraestructura vial (RM N° 170-2021-MINAM), de tal manera que incluyan nuestras necesidades, visión y aportes.

Asimismo, es necesario que el Gobierno consolide la agenda indígena amazónica a nivel nacional incorporando nuestras propuestas, como el Plan Biorregional de las Cuencas Sagradas 2030 y que dé respuesta a las demandas de nuestros hermanos indígenas afectados por las actividades petroleras irresponsables.

Debemos ser conscientes que la Amazonía está presentando preocupantes cambios a pesar de nuestros esfuerzos como pueblos indígenas para protegerla. Hoy más que nunca se necesita la presencia del Estado peruano para una actuación conjunta con los pueblos indígenas en la defensa de la Amazonía, en la que se vienen incrementando los delitos ambientales, intensificando los riesgos para nuestros defensores ambientales indígenas y para el desarrollo sostenible.

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