Premier: “Avanzaremos con la implementación del servicio civil”
Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se refirió a los trabajadores CAS e indicó que buscarán otorgarles todos sus derechos “pero insertándose dentro de Servir”. Asimismo, publicarán una norma que permita temporalmente la contratación de más personal.
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La premier Violeta Bermúdez indicó que el Gobierno avanzará con la implementación de la ley Servir a fin de que los trabajadores bajo el régimen CAS “cuenten con los derechos reconocidos, pero insertándose dentro del servicio civil con una estrategia a mediano plazo”.
“Hicimos una evaluación de la ley (que elimina el régimen CAS) y el texto ha dejado de lado la implementación de la carrera pública y hay una disposición que prohíbe la contratación del régimen CAS desde su vigencia, es decir, desde el 9 de marzo, lo que ha generado un problema en la contratación de personal en diversas entidades públicas, y esta paralización de personal puede traer consecuencias en servicios esenciales”, explicó la presidenta del Consejo de Ministros.
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Al respecto, señaló que tras el análisis, se han adoptado tres medidas. Primero, el avance del régimen Servir “porque nos parece fundamental cumplir con la intención del Congreso de que todos los servidores cuenten con sus derechos reconocidos, pero insertándose dentro del servicio civil con estrategia de mediano plazo”.
Segundo, se publicará un dispositivo legal como medida inmediata y temporal para que ningún servicio del Estado deje de contar con los servicios humanos necesarios. “Es importante garantizar la contratación de personal, pues se requiere de profesionales para la atención de la pandemia, para el proceso de vacunación y otros servicios, como la atención de víctimas de violencia contra la mujer, entre otros”, declaró.
Por último, indicó que en Consejo de Ministros se acordó que el Servir y el Ministerio de Justicia realicen la evaluación para una posible acción de inconstitucionalidad y entablar diálogo con el Congreso a efectos de compartir con ellos los impactos de la ley aprobada en el funcionamiento de los servicios que se brindan en las más de 2.000 instituciones del Estado.
