BCR: Congelamiento de pago de deudas pone en peligro solvencia de entidades financieras
Julio Velarde, presidente del Banco Central, no se presentará a la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor que debatirá mañana el texto sustitutorio que propone la suspensión de obligaciones bancarias y regulación de tasas de interés.
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Este miércoles, la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) del Congreso debatirá la aprobación de un texto sustitutorio que propone - entre otros - el congelamiento de deudas en los bancos así como la regulación de tasas de interés, a fin de “proteger la integridad económica” de los hogares afectados por la pandemia.
A esta sesión fueron invitados representantes de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Asociación de Bancos (Asbanc), así como el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, quien esta noche informó a la Comisión que no estará presente debido a “actividades previamente comprometidas".
No obstante, a través de una carta dirigida a José Luis Luna Morales, presidente de Codeco, se pronunció en contra de la propuesta argumentando que “pone en peligro la solvencia de las entidades y por ende la empuja a detener sus operaciones de crédito".
“Este tipo de acción de parada abrupta del crédito sería lo que arrancaría una dinámica negativa propia de una depresión económica, esto es una recesión duradera de quiebras y desempleo. La explicación viene de porque al detenerse los créditos de las entidades financieras se paralizan los pagos y ello conlleva a quiebra de empresas”, señaló Velarde mediante la carta.
El presidente del ente monetario agregó que el proyecto de ley tiene la apariencia de beneficios de corto plazo pero que terminará “afectando muy negativamente al bienestar de la sociedad”, por lo que recomendó que el texto sea archivado.
Impacto a ahorristas
Según el BCR, el impacto mayor - de aprobarse la ley en el Congreso - la tendrían las microfinancieras, quienes dependen de los ingresos que le generan su cartera de créditos.
Pero también advierte que una norma que respalde el congelamiento de deudas podría “llevar a que los deudoras incumplan masivamente sus obligaciones de pago, incluso aquellos menos afectados con la emergencia, y con ello, comprometer los recursos de los depositantes (estimado en aproximadamente 10 millones de ciudadanos)".
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