Legislación para protección digital del Perú
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La presencia de entornos e instrumentos digitales ha transformado radicalmente la forma como creamos, compartimos y accedemos a la información. A este cambio se le ha denominado sociedad de la información.
Pero como todo proceso de cambios, no solo aparecen oportunidades para utilizarlo y aprovecharlo beneficiosamente para la población y para el crecimiento, sino que aparecen también quienes utilizan dichos instrumentos para afectar la información que se crea, comparte y transporta; afectar los derechos y bienes de las personas; afectar los servicios que prestan entidades públicas y privadas; y afectar los activos críticos nacionales y la soberanía de los países.
Para enfrentar lo anterior se requiere el desarrollo de capacidades en los actores del cumplimiento de la ley que puedan enfrentar dicha problemática. Junto con el desarrollo de capacidades se requiere establecer procedimientos y protocolos para la persecución de dichas acciones contrarias a la ley, una serie de instrumentos de informática forense; y finalmente se requiere establecer un marco jurídico que reconozca la realidad nueva, participe del diálogo internacional, dado que muchos de estos ilícitos son transfronterizos, y que además genere una seguridad jurídica.
En dicha medida, a inicios de este año, el Congreso de la República aprobó la adhesión del Perú al Convenio de Budapest, o también denominado Convenio de Cibercrimen. Este instrumento establecido en 2001 nos brindará acceso a cooperación internacional en materia de persecución del cibercrimen, acompañado de la necesidad de revisar la normativa penal informática existente, alineándola con la legislación internacional.
Este esfuerzo desarrollado por la Comisión de Defensa del Congreso se aunó con diálogos en mesa de trabajo durante casi ocho meses para aprobar en los últimos días de la legislatura pasada las leyes de Ciberdefensa y Ciberseguridad, que complementan el marco jurídico general en el combate del mal uso de la tecnología que nos afecta.
La Ley de Ciberseguridad es un marco general para la protección de información pública y privada, a través de mecanismos de coordinación e intercambio de información, basado en la creación de capacidades y el trabajo colaborativo, así como la creación de una cultura de ciberseguridad.
La Ley de Ciberdefensa da el marco operativo para que las Fuerzas Armadas puedan actuar frente a amenazas que puedan afectar la soberanía nacional, así como actuar de última línea ante afectaciones a los activos críticos digitales ante ataques en y mediante instrumentos digitales (por ejemplo, atacar un gasoducto o un puerto o una central hidroeléctrica o la banca mediante instrumentos digitales y así dejar al país afectado).
Digamos que en los últimos ocho meses se ha avanzado mucho para actualizar nuestra legislación, se han abierto las puertas al desarrollo de capacidades, pero aún falta la decisión política del Ejecutivo, primero de promulgar las leyes ya aprobadas y, segundo, de establecer la Agencia de Sociedad de la Información como parte de la institucionalidad necesaria para tener un Perú digital. ❖
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