ONU evaluará si el gobierno chino exigió a sus empresas el respeto a los DDHH en los países como el Perú

Informe presentado por 5 países de latinoamérica demuestra que China incumple la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos en 18 proyectos.

Informe presentado por 5 países de latinoamérica demuestra que China incumple la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos en 18 proyectos.

Perú y cuatro países más de Latinoamérica presentaron un informe a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para evaluar si la República Popular China cumple con una serie de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes.

El informe alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”está suscrito por 21 organizaciones sociales y demuestra que China incumple con la obligación de “respetar, proteger y cumplir los derechos humanos” en los 18 proyectos financiados y construidos por instituciones chinas.

Los préstamos y financiamientos chinos a la región alcanzaron, entre el 2009 y 2017, 145 mil millones de dólares, superando ampliamente el financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Este dinero fue invertido principalmente en sectores ambiental y socialmente sensibles como construcción de infraestructura energética, transporte y proyectos de extracción de recursos naturales.

El informe presentado estudia 18 proyectos. “El hecho de que 12 de estos proyectos se encuentren en la región amazónica, 15 en territorios indígenas, 11 en áreas protegidas naturales, y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, demuestra una falta de compromiso de China con el ambiente y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la región”, sostiene María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina

El informe sostiene que China debe incorporar los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos que garanticen su implementación; ratificar el Convenio 169 de la OIT; realizar exámenes de debida diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto; establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas; y abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.

 

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