Temblor de magnitud 4,8 se reportó esta tarde en Lima
Domingo

El zar 'anticrimen' que era narco

Genaro García Luna es el más alto funcionario mexicano acusado de narcotráfico. Fue secretario de Seguridad y también aliado del cartel de Sinaloa. El escándalo salpica a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.

García Luna enfrenta la cadena perpetua por narcotráfico y corrupción. Abajo, con el expresidente Felipe Calderón. Foto: La República
García Luna enfrenta la cadena perpetua por narcotráfico y corrupción. Abajo, con el expresidente Felipe Calderón. Foto: La República

Genaro García Luna era el hombre encargado de liderar la lucha contra el narcotráfico en México como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, pero para entonces ya había sido captado por el cartel de Sinaloa. La guerra contra los narcos, en sus manos, siempre estuvo perdida.

Cuando el presidente Calderón anunció su nombramiento, se convirtió en un zar anticrimen que debía elevar los estándares de los cuerpos de seguridad mexicanos y reducir la criminalidad del país. Lo que hizo fue dejar crecer territorialmente al cartel de Joaquín “el Chapo” Guzmán y perseguir a sus rivales.

Estuvo a sueldo del Cártel de Sinaloa a lo largo de 20 años, incluso mucho después de que abandonara los cargos de gobierno.

El comienzo del fin para García Luna comenzó durante el juicio en Nueva York a “el Chapo” Guzmán, en 2019, en el que este fue condenado a cadena perpetua. Durante el proceso, el hasta hace unos años narcotraficante más poderoso del mundo, dijo que él mismo le había entregado maletas llenas de dinero.

Las autoridades norteamericanas ordenaron la captura de García Luna, quien vivía en Estados Unidos desde 2018. Fue detenido en diciembre de 2019, en Dallas, Texas. Desde entonces ha permanecido detenido. Su juicio empezó en enero pasado.

La versión de “el Chapo” no ha sido el único testimonio en su contra. Durante el juicio, la Fiscalía ha presentado varios más: Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, capo narco dijo que le había pagado 1,5 millones de dólares y que sabía de por lo menos veinte reuniones en los que García Luna recibió dinero del cartel de Sinaloa. Otro criminal, Israel Ávila “El Contador”, dijo que en la contabilidad del cartel figuraban pagos para una persona con un alias, pero que se trataba del alto funcionario.

Otro de los líderes del cártel Jesús “El Rey” Zambada, testigo estrella de los fiscales, ha dicho que le entregó hasta cinco millones de dólares en dos reuniones en un céntrico y famoso restaurante de Ciudad de México.

Un testimonio potente también ha sido el de Francisco Cañedo, un ex agente federal, llamado a declarar en el caso. Él dijo: “Vi al señor Genaro García Luna con Arturo Beltrán y (Edgar Valdez) alias ‘La Barbie’ -dos narcotraficantes del cartel Beltrán Leyva-. Estaban platicando”. Dio detalles: día, hora, lugar y hasta marca de los coches en que iban.

Con esos y otros testimonios más, los fiscales de Nueva York lo acusaron de participar en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad; conspiración para la distribución internacional de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla; conspiración para la importación de cocaína. Los cargos tienen sentencias que van desde diez años hasta cadena perpetua. Otro cargo menor es mentir a las autoridades de EEUU sobre sus actividades cuando pidió la nacionalidad en 2018. Esta semana fue hallado culpable de todos los cargos y escuchará su sentencia en junio próximo.

García Luna estuvo vinculado desde joven a los servicios de inteligencia de su país, fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el gobierno de Vicente Fox (2001-2006) y secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón (2006-2012), por lo que el escándalo ha salpicado a los expresidentes, sobre todo a Felipe Calderón. Muchos periodistas, entre ellos Anabel Hernández y Lydia Cacho, denunciaron entre 2010 y 2012 los vínculos con el narcotráfico, pero Calderón no hizo caso.

Los fiscales del caso respaldan esta idea. “Es imposible que el cartel se hubiera expandido sin el apoyo del Gobierno mexicano”.