Cine peruano en peligro

Quien escribe, y seguramente muchos también, tiene la certeza de que detrás del actual debate sobre los estímulos económicos que reciben los cineastas peruanos hay intereses más terrenales que los asociados a la promoción y difusión de lo que se llama cine nacional.

Esta historia empieza en octubre del 2023, cuando la congresista de Avanza País Adriana Tudela presenta el proyecto de ley 5903, el cual pretendía reemplazar a la actual ley (aprobada por el Decreto de Urgencia 022-2019) sobre cine peruano. Hubo un fuego cruzado discursivo entre los que defendían la utilidad de la ley vigente y quienes la cuestionaban por su poco éxito en el público peruano, incluso un congresista llegó a decir que no las veía nadie porque eran de pésima calidad. En esa ocasión, suponemos que por la avalancha de argumentos que dejaban sin respuesta a los congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación popular, Podemos Perú y AP (grupos parlamentarios que apoyan el cambiazo), la pretensión de Tudela quedó en el aire, no solo por la naturaleza de los criterios técnicos de su proyecto, sino porque quedó en evidencia de que no sabía la diferencia entre cine comercial y cine nacional.

A razón del estreno, a fines del pasado mes de abril, de la película de Joel Calero, La piel más temida, volvió a cuestionarse la pertinencia de los estímulos económicos, pero ahora el señalamiento tenía una “marcada línea” ideológica. Se redujo la película a apología del terrorismo. Fuimos testigos del escándalo mediático, del mismo modo de las sospechosas indignaciones infladas de los cuestionadores. Bajo este escenario, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el 11 de mayo el dictamen para una nueva ley de cine. No olvidemos que en este tránsito no hubo debate alguno.

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Este dictamen luce una aberración muy ligada a los puntos de Tudela. La Comisión de Economía del Congreso está presidida por Carlos Revilla de FP (vaya novedad). Las “maneras” de estas cuatro bancadas no denotan preocupación por la situación del cine nacional, sino una intención por abrir la cancha a la inversión extranjera al fusionar la Ley de cine con la comisión fílmica.

Ha quedado clara la voluntad de diálogo de los gremios de cineastas. En este orden de cosas, las bancadas en mención han actuado en bloque y el silencio que muestran tras el dictamen, más parece una frotada de manos. Nadie, en su sano juicio, debe estar en contra de la inversión que dinamice la producción cinematográfica en Perú. Pero una comisión fílmica no calza con una ley de cine. Quienes impulsan esta barbaridad, revelan ignorancia y también propósito crematístico. No les interesa la cultura, solos los chibilines como cancha.

El desvarío ideológico es el pantallazo en esta historia.