Es falso que a Alberto Fujimori no le encontraron pruebas de corrupción, como dijo Martha Chávez

La excongresista Martha Chávez aseguró que nunca se le halló “una sola prueba de corrupción” al encarcelado exmandatario Alberto Fujimori, quien gobernó el país durante 10 años —ocho de ellos tras el autogolpe de Estado en 1992, cuando disolvió el Congreso de la República. Después de revisar una serie de documentos que detallan las acciones de Fujimori durante su régimen, PerúCheck concluyó que la versión de la extitular del Parlamento es falsa.

El último lunes, la exparlamentaria de Fuerza Popular asistió al programa “Enfoques cruzados”, transmitido por Canal N. Allí debatió con la exministra de la Mujer Aida García-Naranjo sobre la delegación de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA). A pedido del presidente Pedro Castillo, la organización internacional en mención vendrá al Perú para analizar la situación política.

Casi al inicio del programa, luego de una primera intervención de García-Naranjo, Chávez afirmó lo siguiente: “Al presidente Fujimori jamás le han encontrado una sola prueba de corrupción. Ha sido condenado, injustamente, por temas de derechos humanos (…) Fujimori, como lo decía Abimael Guzmán, el único gobierno que puso contra la pared a Sendero Luminoso fue el del presidente Fujimori, por eso el odio terrible”.

Pero ¿por qué fue sentenciado Alberto Fujimori? El exjefe de Estado fue condenado a siete años y seis meses de cárcel y al pago de S/ 2 000 000 de reparación civil por los delitos de peculado doloso en agravio del Estado y falsedad ideológica. Así lo indica el fallo de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, del 20 de julio de 2009. La condena por malversación de dinero público fue la tercera que recibió el dictador, desde que Chile lo extraditó en septiembre de 2007

Dicha sentencia detalla que Fujimori firmó el Decreto de Urgencia nº 081-2000, el cual facultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público, a transferir recursos financieros hasta por S/ 69 597 810 a favor de la cartera de Defensa (Mindef) por razones de seguridad nacional. La excusa que usó el gobierno en ese momento para sacar la norma es que esa cantidad de dinero era necesaria para concretar el Plan de Operaciones Soberanía y evitar el ingreso a territorio peruano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por la frontera.

En todo caso, la norma fue aprobada el 19 de septiembre del 2000, justo cuando el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos había aceptado abandonar el Perú tras reiterados pedidos de renuncia, debido a la difusión del primer vladivideo, el 14 de ese mes. La grabación había mostrado a Montesinos entregando una suma de dinero al entonces congresista electo Alberto Kouri Bumachar, como parte de la denominada “operación de reclutamiento de congresistas tránsfugas”, dispuesta por Fujimori.

En los días posteriores, el expresidente del Consejo de Ministros Luis Salas-Guevara Schultz, acompañado de los exministros Luis Bustamante Belaúnde (Justicia), Edgardo Mosqueira Medina (Vivienda) y Carlos Boloña Behr (Economía), fueron a la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para exigir a Montesinos que se retirara del cargo, pero él se negó en varias oportunidades hasta negociar una salida ilícita.

Es así que, tres días después de la aprobación del Decreto de Urgencia nº 081-2000, el 22 de septiembre, el general de brigada del Ejército Luis Muente Schwarz elaboró un documento, por orden del entonces ministro de Defensa Carlos Bergamino Cruz. En este solicitaba una ampliación presupuestal por la cantidad de S/ 52 500 000 —que al cambio de ese momento alcanzó los US$ 15 millones— los cuales serían entregados a Montesinos en dólares americanos, como una supuesta compensación por tiempo de servicios.

Las gestiones para obtener el dinero comenzaron y terminaron el mismo día con la entrega de los US$ 15 millones a Muente Schwarz, quien a su vez le proporcionó dicha suma a Bergamino Cruz. Es este quien finalmente desembolsó ese dinero a Montesinos en las instalaciones del SIN y en presencia del capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) Mario Ruiz Agüero. El exjefe de Inteligencia huyó a Panamá, en octubre, en busca de asilo político que nunca recibió; y desvió los US$ 15 millones a tres cuentas bancarias en Suiza, que posteriormente fueron intervenidas.

Según señala la sentencia, Bergamino, “al percatarse de la magnitud de las consecuencias del hecho delictivo en que había incurrido y al enterarse que Montesinos había viajado a Panamá, reclamó intensamente la devolución de los US$ 15 millones”. Ante esto, el 2 de noviembre, como describe el informe de una comisión del Congreso, Fujimori citó a Palacio de Gobierno al extitular de Defensa, Boloña Behr, al viceministro de Hacienda Alfredo Jalilie Awapara y a su excuñado y embajador del Perú en Japón, Víctor Aritomi Shinto, y entregó a Bergamino ese monto en cuatro maletas para ser reingresados al Tesoro Público, pero no eran los mismos billetes que se emitieron. De hecho, la procedencia de ese dinero se presume ilícita.

Entre los elementos tomados en cuenta para la sentencia está que la devolución de los 15 millones constituyó “indicios evidentes de que el exmandatario no solo tuvo conocimiento oportuno del retiro del dinero, sino que le correspondió la ideación y consumación del ilícito conjuntamente con sus co-denunciados”.

A raíz de todo lo narrado, la Sala Especial ratificó lo indicado en el informe de la Subcomisión Acusadora del Congreso de que “existían indicios de la responsabilidad penal de Alberto Fujimori respecto del delito de peculado, al haber ideado y ejecutado, conjuntamente con Vladimiro Montesinos y los exministros denunciados, todo el recorrido criminal para apropiarse de US$ 15 millones del Tesoro Público”.

Por otro lado, se le imputó al expresidente la comisión del delito de falsedad ideológica por haber insertado en el Decreto de Urgencia número 081–2000, a sabiendas de su falsedad, la frase “con el voto aprobatorio del Consejos de Ministros”, puesto que nunca se realizó tal Consejo. “El citado Decreto de Urgencia fue empleado para la afectación del Tesoro Público como si la declaración falsa fuera conforme a la verdad”, se lee en una parte del documento.

Casos: interceptaciones telefónicas, medios de comunicación y congresistas tránsfugas

Fujimori también fue condenado a seis años de prisión y a pagar S/ 24 060 216 por concepto de reparación civil a favor del Estado, entre otras disposiciones, por los delitos de peculado doloso (malversación de fondos públicos), corrupción de funcionarios mediante soborno y por la violación del secreto de las comunicaciones al comprar de forma ilegal medios de comunicación en el año 2000. El exmandatario se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban.

La Corte Suprema determinó, el 30 de septiembre del 2009, dos meses después del fallo por el caso de los US$ 15 millones, que Fujimori era responsable de utilizar fondos públicos para instalar “centros de operaciones”, incluso dentro de Palacio de Gobierno, para escuchas ilegales que se realizaron durante su régimen (1990-2000). El objetivo era tener control de las acciones de sus adversarios políticos, periodistas y funcionarios, a través de la interceptación de llamadas privadas, acción conocida como chuponeo.

Por el caso Medios de Comunicación, la Sala Penal Especial concluyó que, en 1999, el expresidente compró con dinero del Estado la cadena Cable Canal de Noticias (CCN) y el diario Expreso, con miras a conseguir su reelección en los comicios del año 2000.

Por último, Fujimori fue hallado culpable de haber activado un plan para reclutar a congresistas opositores a su Gobierno, a fin de conseguir la mayoría en el Parlamento y tener un mayor control en las tareas fiscalización de los legisladores.

Desvío de fondos

Como precisa el informe de la ONG Human Rights Watch (HRW), “Presunción Fundada. Pruebas que comprometen a Fujimori”, exministros de Fujimori, además de Montesinos, han declarado que el entonces jefe de Estado ordenó considerables transferencias mensuales de fondos de los presupuestos de cada una de las ramas de las fuerzas armadas al SIN. Asimismo, aseguraron que todos los meses, “Fujimori pedía que se entreguen varios centenares de miles de dólares de los fondos del SIN a él y a su familia”.

Un extitular del Interior, el general del Ejército César Caicedo Sánchez, declaró, por ejemplo, que específicamente Fujimori le dijo que solicitara fondos extrapresupuestales para esta cartera y le ordenó que los entregara al SIN. Montesinos, por su parte, también dijo que el exmandatario no solo tenía conocimiento de las transferencias de fondos, sino que las aprobó.

El texto de HRW resume y describe las declaraciones de Montesinos, María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi, quienes coinciden en señalar que se le hacía entregas periódicas de dinero a Fujimori y que, en algunos casos, también se transfería a sus familiares, como su hermana Rosa Fujimori y su excuñado Víctor Aritomi. En tanto, el coronel del Ejército Luis Rodríguez Silva, edecán del líder fujimorista durante cuatro años y luego subdirector del SIN, había declarado que dio personalmente sobres con dinero del Servicio de Inteligencia a Fujimori en el Palacio de Gobierno.

Sobrecostos y los vínculos con Odebrecht

Un informe de Ojo Público narra que mientras la epidemia del cólera se extendía por todo el país y mataba a miles de peruanos, allá por los años 90 —de 1991 a 1999, este virus ocasionó la muerte de más de 5.200 personas en el Perú—, Fujimori y su exministro de Industria Víctor Joy Way firmaron decretos supremos para facilitar la importación de medicinas, material quirúrgico y tractores.

Sin embargo, las compras estimadas en US$ 312 millones estaban sobrevaloradas y significaron una pérdida de casi US$ 190 millones (S/ 627 millones) para el Estado. Joy Way tenía vínculos con empresas dedicadas a la importación de medicamentos desde China.

Otro informe periodístico enfocado en el tema de sobrecostos durante el régimen fujimorista, “Fujimori y Odebrecht. La década de sobrecostos olvidados”, de IDL-Reporteros informa que Odebrecht, constructora brasileña que sobornó a presidentes y funcionarios públicos de 12 gobiernos en América Latina ganó la buena pro de 28 proyectos.

Según la publicación de 2017, ese número supera a las contrataciones públicas que la compañía ganó en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Desde 2001 hasta 2016 acumuló 24 proyectos, que sumaron más de S/ 35.000 millones.

En esa oportunidad, IDL-R explica que “consiguió los contratos, modificaciones al contrato, resoluciones, liquidaciones finales y arbitrajes de 22 obras adjudicadas en la última década del siglo XX” y halló que, “al igual que en el período democrático de los últimos 15 años, las obras de la empresa Odebrecht presentaron sobrecostos millonarios”.

Los proyectos ganados en el régimen de Fujimori significaron unos S/ 1.355 millones contratados y tuvieron un sobrecosto de casi S/ 516 millones 700.000, que equivale al 38% de lo contratado inicialmente. El porcentaje es menor que el sobrecosto de los proyectos en los posteriores tres gobiernos ya mencionados, que representa el 62%.

Desde 2007, Alberto Fujimori Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos al ser declarado responsable de la muerte de 25 personas entre los años 1991 y 1992, en las conocidas masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Además, acumula una deuda de más de S/ 27 millones de las reparaciones civiles.

Conclusión

Existe documentación suficiente, tales como las sentencias dictadas contra Alberto Fujimori, los testimonios de funcionarios públicos del régimen fujimorista condenados, así como informes periodísticos y de organizaciones civiles, que evidencia los actos de corrupción cometidos por el exmandatario. Por todo lo expuesto, este medio concluye que la versión de la excongresista Martha Chávez de que no se le ha encontrado una sola prueba de corrupción al encarcelado exjefe de Estado.

Fact-checking elaborado por Paola Mendieta para la alianza PerúCheck.

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