
Donald Trump y Kristi Noem pusieron un punto final al Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi un millón de inmigrantes provenientes de Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua, en lo que va de 2025. En los últimos países mencionados, esta cancelación se hará efectiva este martes 8 de julio luego de publicarse el documento en el Registro Federal.
Desde 1999, aproximadamente 76.000 nicaragüenses y hondureños fueron beneficiados por este documento, el cual los protegía de las deportaciones. Ahora, al quedar vulnerables, los agentes de ICE comenzarán a intensificar las redadas y consigo las deportaciones.
En lo que va de 2025, Donald Trump, de la mano con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció el fin definitivo del TPS para Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras, decisión que afecta a casi un millón de inmigrantes de estas nacionalidades y que los pone bajo la mira de agentes de ICE y demás autoridades de inmigración con un riesgo muy algo de ser deportados de Estados Unidos.
Sin embargo, jueces federales buscan bloquear estas medidas con el fin de prolongar este proceso y ponerle fin a este acto criticado no solo por la comunidad inmigrante en el país, sino también por diversas organizaciones internacionales que saltan a la defensa de los Derechos Humanos.
Cada país obtuvo este permiso especial como forma de ayuda humanitaria después de haber ocurrido una crisis a gran escala, como se ve en estos casos:
En el caso de Nicaragua y Honduras, el TPS para estos inmigrantes tuvo la fecha límite para ampliarse el pasado 5 de julio. Sin embargo, tras la última decisión del DHS y Trump, se verán afectados 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, según datos del Gobierno de Estados Unidos, el cual insiste en que las condiciones de ambos países "permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos".
Tras los anuncios repentinos de Donald Trump y Kristi Noem, cabeza del DHS, los jueces federales de diversos distritos se encargaron de responder y bloquear estas cancelaciones del TPS para venezolanos y haitianos bajo el argumento de ser una medida arbitraria e inconstitucional. Esta acción, aunque no garantiza el final de esa decisión, sirve para prolongar el tiempo de estadía para las nacionalidades afectadas y que, a su vez, puedan optar por otros programas de protección de extranjeros como el asilo.
En el caso de Venezuela, el Gobierno de Trump planeó terminar para siempre con el TPS para este grupo de inmigrantes que terminaría perjudicando a más de 350.000 venezolanos. Sin embargo, el fallo del juez federal Edward Chen, del Tribunal de Distrito de San Francisco, en California, frenó temporalmente esta acción, en marzo de 2025.
El pasado 27 de junio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dio por concluido el TPS para más de 521.000 haitianos en Estados Unidos. Sin embargo, esta decisión también fue bloqueada por el juez federal del distrito de Nueva York, Brian Cogan, el 1 de julio.
Estos bloqueos ponen a miles de venezolanos y haitianos en un limbo legal, donde no se tiene la certeza de cuál será la posición que finalmente prevalezca. Sin embargo, este tiempo extra es importante para los afectados puedan optar por otros programas de ayuda extranjera en el país y mantenerse a salvo de las deportaciones, por el momento.

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