Excelentes noticias para inmigrantes en EEUU: suspenden la detención de extranjeros que crucen la frontera desde México
La Corte de Apelaciones suspendió la ley SB4 en Texas que permitía a las fuerzas del orden procesar a inmigrantes indocumentados.
La República en GoogleEl 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia, el presidente Donald Trump firmó lo que describió como un “gran y hermoso proyecto de ley”. Sin embargo, ese mismo día, la Corte de Apelaciones del 5° Circuito decidió suspender temporalmente la implementación de la ley SB4 en Texas. Esta normativa permitía a las autoridades policiales detener y procesar a inmigrantes que fueran sospechosos de haber cruzado la frontera de manera ilegal desde México hacia Estados Unidos.
Un grupo de defensores de los derechos de los inmigrantes insistió ante los tribunales la eliminación de dicha ley. La jueza Priscilla Richman, quien presidió el caso, aseguró que la administración de Greg Abbott no cumple con los criterios federales para su aplicación.
Suspenden ley SB4 en Texas
La magistrada Richman determinó que la ley SB4 no puede ser aplicada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). De acuerdo con la naturaleza de la norma, el estado texano no tiene la facultad para regular el flujo migratorio, pues “es competencia de las autoridades federales, indicó, la jueza.
El tribunal, con un voto de 2-1, señaló que la implementación de esta ley podría crear conflictos con la legislación federal. Por lo que todos inmigrantes que crucen la frontera no podrán ser considerados presuntos criminales que vulneren la seguridad nacional.
¿Qué es la ley SB4 en Texas?
La ley SB4, firmada por el gobernador Abbott en diciembre de 2023, convertía en delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas desde México, autorizando a las autoridades locales a arrestar a los inmigrantes sospechosos de cruzar la frontera sin los documentos requeridos.
De acuerdo con la ley, los jueces estatales podían ordenar que los infractores abandonaran Estados Unidos. Aquellos que se negaran a cumplir la orden podrían enfrentar penas de prisión de hasta 20 años y la deportación automática del país.
